San José.— Un sueño de miles de millones de dólares desvelará al oficialismo y a la oposición de Venezuela en el diálogo que reanudaron ayer en la Ciudad de México después de más de 13 meses de distanciamiento bilateral.
Los dos bandos se disputarán el cetro que intentarán blandir ante los 28 millones de venezolanos (cifras actualizadas) con fines electorales en 2023 y 2024 para presentarse como campeones por desbloquear un alud de dinero que ayudaría a sofocar las profundas carencias socioeconómicas de Venezuela, uno de los países petroleros más ricos… y más pobres del mundo.
La pugna se concentró en unos 3 mil millones de dólares congelados principalmente en cuentas bancarias de Estados Unidos de negocios petroleros retenidos a Venezuela por las sanciones económicas que Washington dictó contra el régimen de Caracas a partir de 2017 por violar los derechos humanos y alterar el orden democrático. También están en disputa unos 2 mil millones de dólares en oro de Venezuela depositado en un banco de Inglaterra.
La información fue suministrada por fuentes políticas de Caracas que pidieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias u otras eventuales maniobras que podrían ser ejecutadas en su contra por oficialistas u opositores.
“Las partes buscan legitimarse”, explicó una de las fuentes, al referirse a que oficialistas y opositores volvieron a sentarse, frente a frente, ayer en la Ciudad de México luego de que sus conversaciones quedaron suspendidas a mediados de octubre de 2021 por decisión unilateral del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El diálogo comenzó en México en agosto de 2021 y en octubre de ese año, cuando sería la cuarta ronda en la capital mexicana, Maduro lo rompió en protesta porque el empresario y abogado colombiano-venezolano Alex Saab, uno de sus socios y presunto testaferro, fue extraditado ese mes de la isla Cabo Verde (África) a EEUU por presunta conspiración para lavado de dinero.
Caracas ratificó su exigencia a EEUU de liberar a Saab, una de las condiciones que, sin éxito, puso para regresar a las tareas en México y que impidió su reanudación por 13 meses. Aunque el empresario nunca integró la delegación oficialista en México, Maduro lo insertó luego de su arresto en junio de 2020 en Cabo Verde y le concedió pasaporte diplomático.
Maduro incorporó a la italiana Camilla Fabri, esposa de Saab y exvendedora de una tienda de ropa en Milán, Italia, al equipo negociador del oficialismo en México.
Las dos facciones venezolanas retomaron las pláticas en la Ciudad de México para debatir la democratización de Venezuela, atrapada en una tempestad política, socioeconómica e institucional que se agravó desde 2014 e impactó en América, en un enfrentamiento entre revolución socialista (oficialismo pro-Cuba) y democracia liberal (oposición pro-EU).
Noruega actúa como mediador, con Rusia de acompañante del “chavismo” y Países Bajos del “antichavismo”.
Billetes y credibilidad
Una duda sobrevuela el escenario. Si EEUU libera los fondos que le bloqueó a Venezuela, ¿cuál institución con credibilidad y capacidad podrá manejarlos con eficiencia para lograr que realmente beneficien a todos los venezolanos, evitar que se diluyan en redes de la corrupción e impedir que se conviertan en un botín político-electoral de clientelismo?
Las primeras respuestas apuntaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus agencias de carácter humanitario, migratorio, sanitario, educativo, social, agropecuario, económico y alimentario, entre muchas del foro mundial.
Al desbloquearse esos recursos, opositores y oficialistas intentarán arrebatarse entre sí el galardón y apropiarse de ese proceso para argumentar ante los venezolanos que fue “gracias” a la oposición o al oficialismo que se consiguió descongelar los multimillonarios fondos para satisfacer las necesidades de la población.
“Lo que está en pugna es el uso político que se haga o que se hará del desbloqueo de las cuentas”, precisó un informante, al anticipar que el régimen venezolano correrá en esa competencia desde una posición de ventaja.
“El gobierno, el gobernante y todopoderoso Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV] y su vasta red de aparatos legislativos, judiciales, militares, policiales, regionales y municipales afines controlan emisoras de radio y demás medios de comunicación y harán un uso político a su favor de la ayuda que llegue a los venezolanos con ese dinero”, añadió.
Los opositores tienen severas limitaciones para acceder a los medios.
Pacto social
Las dos partes suscribieron ayer en la capital mexicana un acuerdo social.
El venezolano Jorge Rodríguez, presidente de la versión de Asamblea Nacional de Venezuela bajo dominio chavista y jefe de la comitiva oficialista en México, confirmó el jueves anterior en un comunicado que el pacto crea “un mecanismo práctico” sobre las “necesidades sociales vitales”.
El acuerdo se basa en “la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional”, por lo que “expresa el avance del derecho de nuestro pueblo al disfrute de sus activos y recursos, ilegal e injustamente bloqueados”, recalcó.
La meta será solucionar faltantes del sector salud en equipo, infraestructura y dotación de insumos, vacunas y medicamentos, ampliar y reforzar el servicio de energía eléctrica y atender las instalaciones escolares, los programas de apoyo alimentario y las emergencias de lluvias torrenciales, añadió.
En respuesta a la reapertura del diálogo en México y en la misma tonalidad para flexibilizar las sanciones al régimen de Maduro, EU emitió ayer una licencia a favor de Chevron, gigante petrolero estadounidense, para que reabra el flujo de crudo venezolano al mercado estadounidense.
Por las represalias de Estados Unidos a Venezuela, el trasiego fue suspendido, pero Chevron insistió en mantener presencia en la industria venezolana de hidrocarburos.
Los recursos retenidos en EU comenzaron a ser administrados, especialmente desde enero de 2019, por la tendencia opositora encabezada por el diputado Juan Guaidó, proclamado en ese mismo como presidente interino o encargado de Venezuela al amparo constitucional.
La proclamación se registró luego de que, también en ese mes, Maduro fue desconocido como presidente legítimo de Venezuela y acusado de reelegirse, en mayo de 2018, en comicios ilegales y fraudulentos, sin libertades ni transparencia.
Electo en enero de 2019 como presidente de la versión de Asamblea Nacional dominada por los opositores, Guaidó asumió la presidencia interina del país con la promesa de terminar con lo que denominó “usurpación” del poder por parte de Maduro, conducir un gobierno de transición y convocar a elecciones libres.
Guaidó fue reconocido como gobernante legítimo por EEUU y más de medio centenar de países que, en consecuencia, desconocieron a Maduro.
Votos y castigo
La oposición reafirmó que un factor central en México será lograr que el oficialismo acate el mandato constitucional para que todo proceso electoral se realice con absoluta garantía de libertad y sin ventajas para nadie, cumpla con esas reglas en los comicios presidenciales de 2024, renuncie a la violencia y reconozca los derechos políticos de la población de convivencia social. En contrapartida, el oficialismo exigió la cancelación de las sanciones que le impuso EU, lo cual sería recibido por el chavismo como una victoria política sobre Washington como su principal adversario.
Las fuentes consultadas por este diario en Caracas aseguraron que, hasta el momento, tampoco se puede “pregonar” que el oficialismo cedió para restablecer los encuentros en México o en el diferendo con Saab.
“¿Cedió en lo electoral? No. Eso no es ceder: es cumplir con la Constitución. Las garantías electorales no las da el gobierno, las da la Constitución. Todo gobierno debe respetar el orden constitucional y nunca creerse dueño de la Constitución para dar garantías”, subrayó una de las fuentes.
El pretexto
El régimen revolucionario socialista que el ya fallecido líder venezolano Hugo Chávez (1954-2013) comenzó a instalar al asumir la presidencia en 1999, y se prolongó con Maduro, culpó a la “guerra económica” de EU contra Venezuela de la intensa crisis socioeconómica venezolana. Pero la crisis estalló en 2014 y las sanciones empezaron a partir de 2017.
Con etapas de hiperinflación, incesante devaluación y constante escasez o encarecimiento de medicinas, alimentos y artículos básicos, el derrumbe de la producción petrolera— nervio central de la economía— y de otros bienes, Venezuela se precipitó a un despeñadero que llevó a más de 7.1 millones de venezolanos a huir al exterior.
La represión política del chavismo contra el antichavismo, por lo que el gobierno de Maduro es procesado en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, aceleró el éxodo.
Con miles de millones de dólares de por medio, el diálogo en México podría conducir a atacar los gérmenes de la masiva migración y del hondo desasosiego social. Informes actualizados en noviembre de 2022 por las universidades venezolanas Central y Simón Bolívar (públicas) y Andrés Bello (privada) revelaron que la pobreza en Venezuela se compara con los países más pobres del mundo, como en África.
El 50% de los 28 millones de venezolanos vive en Venezuela en la pobreza y casi incapaz de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación y subsistencia cotidiana.
