El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 479 votos, un dictamen que busca frenar la venta de niñas para matrimonio, así como las uniones entre menores de edad fuera de la ley.
La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que “las autoridades de las entidades federativas y municipales para adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria”.
El dictamen obliga a las entidades a generar acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, con movilidad reducida, en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social.
Al justificar la propuesta, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, recordó que la ley ya prevé la prohibición del matrimonio infantil; sin embargo, “es insuficiente porque esta práctica también se configura fuera del matrimonio, con uniones al margen de la ley”.
Reconoció que al interior de la República las niñas siguen siendo vendidas por usos y costumbres y para matrimonios forzados, lo que “obstaculiza su derecho a la salud y educación, así como el aumento de embarazos adolescentes”.
También expuso que 40% de las mujeres de 15 a 54 años en localidades rurales se casaron antes de los 18 años, mientras que la legisladora Norma Aceves (PRI) advirtió que el matrimonio infantil afecta a 4.45% de adolescentes entre los 12 a 18 años.
Advirtió que “la mejor vía para evitar estas prácticas es el empoderamiento, sobre todo de las niñas, darle poder para decidir sobre su vida y su futuro”, más que sancionar este delito, pues “las cárceles no serán suficientes”.
Penalizan promover unión infantil
En otro debate, el pleno aprobó una iniciativa para castigar con penas de ocho hasta 15 años de prisión a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a menores de edad para unirse con o sin su consentimiento con una persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir y equiparable a la de un matrimonio.
El dictamen, que denomina a dicho delito como “cohabitación forzada”, se avaló por 474 votos.
“Se precisa que al responsable de este delito se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena”.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) se pronunció en contra de que el origen de una niña defina su destino y de que sea sometida a un matrimonio porque así lo dicta su cotidianidad. Precisó que el matrimonio forzado en menores de edad es un delito.
Advirtió que de acuerdo con diversas estadísticas, “423 mil niñas han sido obligadas a casarse y de ser víctimas de un matrimonio forzado, y si lo prohibido no está sancionado en la ley es una ley imperfecta”.
