Yacen en tumbas clandestinas dispersas por el desierto, mezclados en fosas comunes o descuartizados y esparcidos en las laderas resecas de una colina. Como están enterrados sin nombre, a menudo lo único que queda una vez que sus cuerpos han desaparecido son las prendas que los cubrían: un buzo ensangrentado, un top con volados, un vestido hecho jirones.
En todo México, hay madres que deambulan bajo el sol abrasador, hurgando la tierra y olfateando en busca del olor revelador de la carne en descomposición con la esperanza de encontrar los restos de su hijo o hija desaparecidos.
Para la mayoría, las respuestas nunca llegan.
Un fotógrafo de The New York Times documentó su búsqueda y la ropa que se encontró junto a cuerpos no identificados después que los trabajadores del laboratorio forense la exhibieran.
“Es una incertidumbre horrible que no le deseo a nadie”, dijo Noemy Padilla Aldaz, que lleva dos años buscando a su hijo Juan Carlos, que tenía 20 años cuando desapareció después de terminar el turno nocturno en un local de tacos.
“Si supiera que está muerto, sabría que no está sufriendo”, dijo. “Pero no lo sabemos, y es como una tortura ese no saber”.
México se acerca a un lúgubre hito: 100.000 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda de México, que lleva un registro que se remonta a 1964.
En un país desgarrado por una guerra sin fin contra el narcotráfico, la muerte puede parecer omnipresente. La cantidad de asesinatos aumenta inexorablemente, superando ya los 30.000 por año. En los noticieros se ven imágenes macabras de cuerpos colgados de puentes o arrojados junto a las carreteras como advertencia. Las técnicas de tortura reciben apodos.
El consuelo de la muerte
Pero la desaparición puede ser el golpe más cruel. Priva a las familias de un cuerpo que llorar, de respuestas, incluso de la simple certeza, y el consuelo, de la muerte.
Los desaparecidos obsesionan a la memoria colectiva de México en tanto son un testimonio demoledor de la incapacidad de un gobierno tras otro para frenar el derramamiento de sangre y llevar a los criminales ante la justicia.
“La desaparición es quizá la forma más extrema de sufrimiento para los familiares de las víctimas”, dijo Angélica Durán-Martínez, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts, Lowell, y experta en violencia en América Latina.
Los rostros de los desaparecidos se muestran de manera impactante en pancartas y carteles en las plazas públicas de todo México, en mensajes de familiares que ruegan que se les dé alguna información sobre su destino.
Pero incluso cuando se encuentran los restos, la tarea de identificar a los muertos puede ser ardua, y a veces los investigadores tardan meses en excavar entre la maleza y peinar la tierra en busca de diminutos fragmentos de hueso, muchos de los cuales pueden ser demasiado pequeños o estar demasiado desgastados para ayudar a identificar el cuerpo.
Según Durán-Martínez, la crisis de los desaparecidos en México no sólo habla de la prevalencia del crimen organizado, sino también de la propensión de las fuerzas de seguridad del Estado a participar en la violencia.
Entre los ejemplos más conocidos está la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de una escuela rural de magisterio en la localidad de Ayotzinapa. Una investigación llevada a cabo durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó a un cartel de la droga local y la policía municipal.
Pero esa explicación fue rechazada por expertos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, que consideró que el proceso había estado “empañado por la tortura y el encubrimiento”.
La opinión general es que los estudiantes están muertos, pero nadie sabe dónde están sus cuerpos, quién los mató o por qué.
La búsqueda
Con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han intentado reparar esas atrocidades y ayudar a las familias a encontrar respuestas. Además de relanzar una investigación sobre el destino de los 43 estudiantes, López Obrador ha dado su apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda para que localice a los desaparecidos.
Al frente de la misma está Karla Quintana Osuna, una abogada formada en Harvard que anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando inició su labor en la comisión de búsqueda, en 2019, había alrededor de 40.000 personas registradas oficialmente como desaparecidas.
Al recopilar los registros de las fiscalías estaduales de todo el país, Quintana pudo determinar que el total era mucho mayor: ahora llega a más del doble. La funcionaria dijo que, aunque hay fiscalías que no informan la totalidad de sus cifras, el recuento es ahora mucho más preciso que en años anteriores y también está a disposición del público online.
Pero localizar a los desaparecidos sigue siendo una tarea monumental. “El desafío es abismal, es titánico”, dijo Quintana al referirse a la búsqueda de respuestas en un país en el que sólo se resuelve una mínima parte de los delitos. “Mientras no haya justicia, se da un claro mensaje de que esto puede seguir ocurriendo”.
En el ámbito estadual, los avances en materia de tecnología forense y equipos de búsqueda como los drones han ayudado a encontrar cuerpos, según César Peniche Espejel, fiscal general de Chihuahua, uno de los estados más violentos de México.
Pero hasta que las autoridades no puedan acabar realmente con los grupos del crimen organizado, estos esfuerzos seguirán siendo una gota en un mar sangriento, dijo, que suma miles de nombres a la lista cada año.
Según los últimos datos, entre septiembre de 2020 y fines de julio pasado, se ha denunciado la desaparición de otras 6.453 personas.
“Todos los días, todos los días en todo el país, se siguen denunciando desapariciones”, dijo Peniche. “Eso es lo que el gobierno federal no ha podido resolver”.
Por ahora, las madres como Padilla en todo México sólo pueden buscar, y preguntarse qué pasó con sus hijos. “A veces pienso que podría estar vivo, otras veces me digo que no”, dijo. “Pero aún tengo esperanza”.
The New York Times
