Naipyidó, Birmania.- Un tribunal militar de Birmania condenó el viernes a Aung San Suu Kyi a otros siete años de cárcel por corrupción, elevando así a 33 años la pena final del juicio contra la líder civil derrocada y premio Nobel de la Paz.
La célebre opositora al poder militar de 77 años, en “buen estado de salud”, según una fuente judicial, puede terminar en prisión una vida marcada por su combate por la democracia.
Ganadora del premio Nobel de la Paz en 1991, se encuentra detenida desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, que puso fin a un breve periodo democrático en este turbulento país del sudeste asiático.
Un tribunal en la capital Naipyidó la declaró este viernes culpable de los últimos cinco casos de corrupción que había pendientes contra ella.
El expresidente birmano Win Myint, coacusado en esta última fase del proceso, recibió la misma pena.
Ambos recurrirán el veredicto, según la misma fuente.
Condena es una afrenta a la justicia, dice EEUU
Estados Unidos consideró la sentencia como “una afrenta a la justicia y al Estado de derecho”, mientras que la Unión Europa, que también “condenó fuertemente” el fallo, denunció el “desmantelamiento general de la democracia y el Estado de derecho” en el país.
Corrupción, fraude electoral, violación de secretos de Estado, restricciones anticovid… Desde el inicio del procedimiento judicial en junio de 2021, Aung San Suu Kyi ha recibido múltiples condenas.
El fin de este juicio de 18 meses, calificado de farsa por parte de grupos de derechos humanos, abre un nuevo periodo de incertidumbre en Birmania, con la promesa de la junta de elecciones en 2023.
En los últimos dos comicios legislativos, en 2015 y 2020, obtuvo la victoria la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido fundado por Aung San Suu Kyi a finales de los años 1980.
El ejército, que había impuesto su poder durante décadas, justificó el golpe de Estado por un presunto fraude electoral, aunque observadores internacionales dijeron que el proceso fue limpio.
En ONU pidien liberación inmediata de Suu Kyi
El Consejo de Seguridad de la ONU pidió en diciembre la liberación inmediata de Suu Kyi, en su primera resolución desde hace décadas sobre Birmania.
Este llamado fue posible gracias a la abstención de China y de Rusia, respaldos habituales de Naipyidó, que renunciaron a su derecho a veto.
La junta acusó a la ONU de querer “desestabilizar” el país.
Desde el golpe, la dirigente civil solo ha sido vista en un puñado de fotos granuladas tomadas por los medios estatales en una sala de audiencias vacía.
Las acusaciones de corrupción son “ridículas”, aseguró Htwe Htwe Thein, profesor asociado de la Universidad Curtin en Australia.
“Nada en el liderazgo, el gobierno o el estilo de vida de Aung San Suu Kyi sugiere el mínimo ápice de corrupción”, agregó.
Sus múltiples condenas son “sinónimo de cadena perpetua”, dada la edad de la detenida, dijo a la AFP Phil Robertson, director adjunto para Asia de la ONG Human Rights Watch.
Para Richard Horsey, experto en Birmania del gabinete International Crisis Group, “la cuestión será qué hacer ahora con Aung San Suu Kyi (…) Si dejarle cumplir su sentencia en algún tipo de arresto domiciliario o permitir el acceso limitado a ella de enviados extranjeros”.
Todavía muy popular en Birmania, la imagen internacional de Suu Kyi quedó manchada por su incapacidad para defender a la minoría musulmana de los rohinyás, víctimas de abusos del ejército entre 2016 y 2017, calificados por Estados Unidos de genocidio.
Desde el golpe de Estado, Birmania se hundió en el caos, con enfrentamientos cotidianos entre el ejército y milicias que se acusan mutuamente de matar a cientos de civiles.
Una ONG local cifra en más de 2 mil 600 personas las víctimas mortales de la represión militar. Varios grupos de defensa de los derechos humanos acusaron al ejército de bombardear zonas civiles, lo que constituye un crimen de guerra.
El ejército contabilizó de su lado 4 mil civiles muertos.
El jefe de la junta Min Aung Hlaing dijo que el régimen prevé organizar elecciones en 2023, cuando el país esté “en paz y estable”.
“El ejército ha transformado los tribunales y las prisiones en un infierno para los derechos humanos”, aseguró Meg de Ronde, directora regional de Amnistía Internacional. El veredicto demuestra que “hay que presionar más a la junta birmana y (hacerlo) rápidamente”.
mcc
