El gobierno de Joe Biden anunció este viernes su segundo intento para poner fin al programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en EU, si el país vecino lo acepta.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) probablemente disminuyeron la migración no autorizada a la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración de Donald Trump; sin embargo, las implicaciones humanitarias del programa superaron su efecto de disuasión.
Desde la secretaría, se señaló que el programa hace que sea extremadamente difícil para los indocumentados acceder a asistencia legal y para que EU aborde las preocupaciones de seguridad y protección.
Mayorkas dijo que la administración de Biden puede reducir la migración a la frontera sur y brindar protección a los migrantes que califican para el refugio en Estados Unidos a través de otras políticas, incluido un programa judicial de inmigración acelerado y una regla propuesta que permitiría a los oficiales de asilo adjudicar las solicitudes de manera más rápida.
La administración Biden, que actualmente está obligada legalmente a tomar medidas de “buena fe” para reiniciar la política de la era Trump debido a un fallo judicial de agosto, ha dicho que estará lista para inscribir a los solicitantes de asilo en el programa y enviarlos a México a mediados de noviembre. Pero Estados Unidos todavía está tratando de convencer al gobierno mexicano de que acepte el regreso de los inmigrantes no mexicanos, dijeron altos funcionarios del DHS a los periodistas durante una sesión informativa el jueves.
“La capacidad de reimplementar el MPP depende de la decisión soberana e independiente de México de aceptar a los extranjeros que Estados Unidos busca enviar de regreso a México”.
Los abogados que representan al gobierno, así como a Texas y Missouri, que presentaron la demanda contra la terminación de la política Quédate en México, se reunirán el martes para presentar argumentos orales ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que está escuchando la apelación de la administración de la sentencia de agosto.
Un alto funcionario del DHS dijo que la administración probablemente le pedirá al Quinto Circuito que pause la orden de agosto o que envíe el caso al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk, quien dictaminó que el memorando de terminación inicial de Mayorkas, emitido en junio, no consideró adecuadamente los “beneficios” de los MPP, incluidos su efectos disuasorios sobre los migrantes.
El gobierno de Biden tiene la esperanza de que el nuevo memorando dé lugar a una revocación por parte de cualquiera de los tribunales que lo han obligado a restablecerlo.
“Mientras la orden judicial esté vigente, estamos obligados a cumplirla. Pero como hemos dicho, lo estamos combatiendo enérgicamente, apelando enérgicamente, por lo que, con este nuevo memorando, buscaremos que el Quinto Circuito anule el fallo del tribunal de distrito o que el tribunal de distrito lo haga por sí mismo”, dijo el DHS.
Activistas promigrantes han argumentado durante mucho tiempo que el programa es un obstáculo ilegal para los solicitantes de asilo, que tienen derecho a presentar su caso en EU.
