El abogado mexicano Gabriel Regino solicitó a la Asociación de Abogados de Nueva York revisar y, en dado caso, sancionar la actuación de César de Castro (uno de los defensores legales de Genaro García Luna en Estados Unidos), debido a que lo señaló de haber recibido sobornos del crimen organizado para una campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Fue durante el contrainterrogatorio del testigo estrella de la Fiscalía estadounidense, Jesús Reynaldo Zambada, que César de Castro le preguntó al capo sinaloense si recordaba sus declaraciones emitidas en julio de 2013, cuando supuestamente mencionó que le había pagado 7 millones de dólares a Gabriel Regino para una campaña de AMLO en contra de Vicente Fox.
Ante el cuestionamiento, El Rey Zambada negó que se tratara de un pago para una campaña de López Obrador. “No pude haber dicho eso porque no es cierto”, aseveró el hermano de Ismael El Mayo Zambada en la Corte de Brooklyn el pasado 14 de febrero. Posteriormente se dio a conocer que fue César de Castro quien cometió dicha imprecisión y que los sobornos en realidad no habían ocurrido.
Fue así como Gabriel Regino redactó una carta en inglés en la que señaló que las afirmaciones del abogado de García Luna son “sensacionalistas, falsas y alejadas del tema central del juicio”, pues indicó que no se trató de un descuido de la defensa, sino de una estrategia para afectar su imagen y la del presidente de México.
“En esta situación, es evidente que el abogado de Castro, con pleno conocimiento, vertió información completamente falsa”, acusó Regino, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública entre 2003 y 2006, cuando López Obrador era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Asimismo, indicó que fue un “esfuerzo calculado” para aprovechar el impacto mediático del juicio y así generar acusaciones sin fundamento que terminaran ensuciando la opinión pública de los aludidos.
Agregó que dichas acusaciones no guardaban relación o utilidad alguna con el caso de Genaro García Luna. En cambio, mencionó, estaban dirigidas a atacar personalmente a él y a AMLO. “Esta información fue introducida para dañar la imagen de ambos”, advirtió en su carta fechada el domingo 19 de febrero.
Ante ello, el excolaborador de López Obrador solicitó a la Asociación de Abogados de Nueva York tomar las medidas pertinentes dentro de sus posibilidades para sancionar el actuar de César de Castro. Lo anterior lo justificó bajo el argumento de que, como servidores de la Ley, el ejercicio de su profesión implica mantener altos estándares éticos para no caer en acusaciones erróneas.
En ese sentido, citó las Reglas de Conducta Profesional de Nueva York, adoptadas por la División de Apelaciones del Tribunal Supremo del Estado, en las que se menciona que “el abogado no podrá, a sabiendas, hacer una declaración falsa de hecho o de derecho ante un tribunal”, así como “ofrecer o utilizar pruebas que el abogado sabe que son falsas”.
El 14 de febrero, Regino compartió un video en su cuenta de Twitter en el que negaba categóricamente haber recibido sobornos del crimen organizado o del Cártel de Sinaloa para una campaña de AMLO. Asimismo, aseguró que no existe ninguna acusación fiscal en su contra ni en México ni en Estados Unidos.
En aquella ocasión, el jurista mencionó que se trataba de una técnica empleada como parte del contrainterrogatorio, en la que se suele poner información en la boca de los testigos -ya sea verdadera, falsa o no comprobable- para posteriormente usarla en su contra en los alegatos finales, en caso de contradecirse. “Así es la política. Así es el proceso penal. Estamos acostumbrados a ello”, refirió.
Por su parte, el presidente López Obrador advirtió en una de sus conferencias matutinas que ha pensado la posibilidad de iniciar una denuncia contra de César de Castro en Estados Unidos, debido a los señalamientos en su contra que tuvieron el objetivo de ocasionar un daño moral en su persona.
En cuanto al juicio de García Luna, cabe mencionar que la semana pasada los miembros del jurado comenzaron con las deliberaciones para emitir su veredicto y determinar si el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) es culpable o inocente de haber conspirado con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos. Por ello, se espera que esta semana se dé a conocer el veredicto final.
