La dictadura chavista comenzó una llamativa purga de alcaldes y jueces, informó el medio local Monitoreamos. Según el comunicado oficial de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela, el régimen solicitó al Ministerio Público (MP,Fiscalía) procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones” en el poder público y que “podrían estar envueltos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
En el documento difundido por el régimen, el cuerpo policial explicó que “ha iniciado -ante la Fiscalía- una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar envueltos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
La solicitud, prosigue el texto, responde al “resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país”, si bien el escrito no detalla la cantidad de personas señaladas ni sus identidades.
La publicación en redes sociales fue hecha por el ministro de Comunicación e Información del régimen chavista, Freddy Ñáñez, quien no detalló quiénes son estos funcionarios ni individualizó los delitos por los que se le acusa a cada uno.
Sin embargo, las medidas podrían ser consecuencia de una interna dentro del propio régimen chavista. Es que uno de los detenidos es Joselit Ramírez, quien además de dirigir la Superintendencia Nacional de Criptoactivos era el director del despacho de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleos de la dictadura sancionado por narcotráfico por los EEUU.
Además, dos militares vinculados a PDVSA fueron arrestados: el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos.
La maniobra llama la atención porque la dictadura chavista no suele resolver sus internas en la Justicia.
“Es el estallido de una pugna interna entre los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami a quien le han desmantelado el brazo financiero”, analizó la periodista venezolana Ibéyise Pacheco. Según la escribió en su cuenta de Twitter, fuentes de Palacio le informaron que “la tensión entre los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami estalló esta semana cuando frente a testigos se cayeron a gritos”. Y agregó: “Por el momento la pelea la ganan los Rodríguez atribuyéndose poder de influencia con EEUU”.
El medio web chavista La Tabla, señaló que otro de posibles funcionarios que el régimen pretende encarcelar es al presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, quien asumió el cargo el año pasado y fue juramentado por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez.
Cornieles Perret es, además, magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ, designado por la Asamblea Nacional chavista.
Otro de los posibles detenidos sería el juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez García, quien fue uno de los responsable de la persecución política durante los últimos años en Venezuela, de acuerdo a una publicación realizada por el medio local, Monitoreamos.
Márquez García fue el responsable de dictar las sentencias para encarcelar a líderes de la oposición venezolana como Freddy Guevara, Nicmer Evans, Roland Carreño, Josnars Adolfo Baduel, algunos de los cuales siguen hoy en los centros de reclusión y tortura del régimen.
Asimismo, detuvieron al alcalde chavista del municipio Santos Michelena del estado Aragua en el centro del país, Pedro Hernández, por estar vinculado a los grupos del crimen organizado como la banda de El Koki o la banda de El Conejo.
