Una corte de Florida decidió anoche que César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016) acusado de malversación agravada y conspiración en México, es extraditable y por tanto, puede ser extraditado al país para hacer frente a los cargos que se le imputan.
“Existe causa probable para creer que Duarte cometió los delitos imputados en la denuncia de extradición”, escribió en su decisión la juez Lauren Louis, de magistrada de la corte de Miami en su decisión, esperada desde que a finales de enero se realizara la última audiencia de extradición contra Duarte.
Hasta que se resuelva la burocracia correspondiente con el proceso y se programe la entrega a las autoridades mexicanas, Duarte permanecerá encarcelado en una prisión de Florida.
La decisión llega más de nueve meses después de la audiencia final de extradición a la que se enfrentó Duarte. Louis dijo en su momento que antes de tomar una decisión tenía que revisar toda la evidencia, y finalmente su sentencia llegó este lunes en un documento de 24 páginas.
En ese documento, Louis hace hincapié en que su decisión “no entra en la culpabilidad o la inocencia del acusado”, y que simplemente ha revisado las pruebas sobre el cumplimiento o no de la normativa para la extradición, basada básicamente en el seguimiento del tratado existente entre Estados Unidos y México y al hecho de que las pruebas fueran suficientes como para aprobar el traslado y entrega a las autoridades competentes.
La magistrada escribió que las “pruebas apoyando las acusaciones contra el acusado están basadas en testimonio de testigos y documentos, incluyendo historiales gubernamentales y bancarios”. Tras su revisión, “encuentro que hay suficientes pruebas para establecer que hay causa probable para respaldar las acusaciones contra Duarte”, resolvió.
Louis descartó además la defensa de Duarte para evitar su extradición basada en que las acusaciones en su contra son fruto de “persecución en su contra motivada por un rival político”, así como razones de seguridad y de que “su vida podría estar en peligro” si regresara a México.
Tras la evaluación, la juez certificó la extraditabilidad de Duarte y ordenó que “sea remitida sin demora” a la oficina jurídica del Departamento de Estado de EU, que debe ponerse en contacto con las autoridades mexicanas competentes para la entrega de Duarte.
Termina así el periplo judicial del exgobernador de Chihuahua por Estados Unidos, después de que el 8 de julio de 2020 fuera detenido. En México, donde era buscado desde al menos 2018, enfrenta una veintena de órdenes de aprehensión ligadas a un presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos de las arcas del estado que gobernaba por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En mayo de 2019, el PRI expulsó de sus filas a Duarte.
El exgobernador alega que llegó a Estados Unidos en 2016 en busca de atención médica tras un accidente en helicóptero y que desconocía en ese momento que enfrentaba acusaciones en su país. Desde 2017, convirtió a Miami en su sitio de residencia.
Estados Unidos recibió la solicitud de extradición en diciembre de 2019. Duarte pidió libertad bajo fianza, pero se le negó.
La acusación en México acusa a Duarte de peculado (apropiación indebida de fondos gubernamentales) y asociación para delinquir. Según el resumen emitido por la justicia de Estados Unidos, Duarte, desde junio de 2011, desvió fondos aprobados para propósitos agrícolas hacia compañías asociadas con su persona, su familia y los negocios de su esposa, mientras era gobernador de Chihuahua. La última transacción se habría completado en diciembre de 2014 por valor de más de cinco millones de pesos, que iban a ser destinados a comprar alimento para productores de ganado pero “que en lugar de eso terminaron en una cuenta de Duarte que, más tarde, usó para pagar sus impuestos”.
En total, tal y como se detalla en el documento judicial, el desvió de fondos públicos ascendió a 96 millones 685 mil 254 pesos, sacados entre 2011 y 2014 “a través de 11 procesos administrativos fraudulento en los que se realizaron 17 pagos” a empresas en las que él invirtió.
“En 2016, luego de concluidas las elecciones en el estado de Chihuahua, se alega que Duarte convocó a su personal y expresó preocupación por la falta de documentación para una serie de gastos públicos, solicitando a su personal que creara documentación para justificar los fondos desviados”, apuntó la información resumida por la juez estadounidense.
Según varias fuentes, el gobierno mexicano fue notificado inmediatamente de la nueva condición de Duarte, con lo que se augura que la extradición podría producirse en los próximos días.
