José Luis Martínez todavía recuerda los gritos de sus tres hijas después de que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se las llevaran. A él lo enviaron a un centro de detención.
“No paraban de llorar”, recuerda. “Su madre ya había muerto. Lo único que querían era a su papá. Yo era lo único que tenían”.
Era poco después de la medianoche del 2 de noviembre de 2018. Martínez y sus hijas habían recorrido más de 3 mil 200 kilómetros en autobús desde su país de origen, Honduras, en un viaje de 15 días hasta la frontera de México con Texas, EU, país en el que pensaban pedir asilo.
Las niñas tenían entonces 10, 12 y 14 años.
Durante un mes, Martínez preguntó una y otra vez a los agentes estadounidenses cuándo podría volver a ver a sus hijas. Nunca obtuvo respuestas.
El gobierno eventualmente deportó a Martínez a Honduras, alegando que cruzó a Estados Unidos de forma indocumentada.
Pasaron casi cuatro años para que finalmente pudiera reencontrarse con sus hijas en EEUU, donde vivían con su abuela paterna y su tía.
“Me llamaban y decían ‘Papi, papi, ¿por qué no has vuelto?’. Y tuve que decirles que me deportaron”, le dijo Martínez a la BBC. “Fue muy duro”.
Tolerancia cero
Entre 2017 y 2021, el gobierno del expresidente Donald Trump separó de sus padres a por lo menos 3 mil 900 niños, algunos con solo unos meses de edad, a lo largo de la frontera entre EEUU y México.
Por entonces aplicaba la llamada política de “tolerancia cero”.
El objetivo era disuadir a los inmigrantes de entrar a EEUU y facultaba al Departamento de Justicia estadounidense a deportar mediante un juicio exprés a los adultos que cruzaran la frontera sin documentos. Los hijos entonces quedaban bajo la custodia del gobierno de EEUU.
Los menores eran en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, y pasaron días en centros de detención, donde algunos fueron hacinados en jaulas de metal sin acceso a una ducha ni alimentación adecuada.
Cientos de niños tuvieron que esperar años, algunos más de la mitad de sus vidas, en EEUU en hogares temporales y con parientes y amigos antes de volver a ver a sus padres.
El presidente de EEUU, Joe Biden, eliminó la política de “tolerancia cero” a los pocos días de asumir el cargo.
Un mes después, estableció el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar para deshacer lo que llamó la “vergüenza moral y nacional” de las separaciones.
Anteriormente, la mayoría de los padres se veían obligados a elegir entre que sus hijos regresaran a vivir con ellos en el país de origen del que habían huido o dejarlos en EEUU bajo custodia del gobierno.
Pero con la nueva política de Biden, los padres que habían sido deportados, como Martínez, fueron reunificados con sus hijos en EE.UU. y se les permitió permanecer en el país durante tres años.
Para marzo de este año, el gobierno dijo que 2 mil 969 niños que fueron separados ya se reunieron con familiares.
Pero en el quinto aniversario del día en que se anunció la nueva política, casi 1.000 niños siguen esperando, según cifras oficiales.
Los activistas dicen que el gobierno de Trump no tenía bases de datos o registros exhaustivos que vincularan la información de los padres con la de sus hijos, algo que reportaron medios como The Atlantic, NBC y otros.
Como resultado, los funcionarios de Biden heredaron un “desastre”, dijo Lisa Frydman, vicepresidenta de programas internacionales de Kids In Need of Defense (KIND), otra organización involucrada en contactar a familias inmigrantes.
Una ardua tarea
Grupos sin fines de lucro en EEUU y otros países han intervenido para ayudar en la búsqueda internacional de personas difíciles de ubicar.
A veces solo tienen números telefónicos que ya no funcionan. Las organizaciones llegan a enviar trabajadores de derechos humanos a buscar padres en aldeas remotas en países de Centroamérica.
“Ha sido peligroso, consume mucho tiempo y recursos y fue mucho más difícil durante la pandemia”, dijo Lee Gelernt, del Proyecto Nacional de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que lideran los esfuerzos para ayudar a contactar a las familias.
Cuando los grupos necesitan apoyo en el terreno, recurren a personas como Rebeca Sánchez Ralda, una abogada de Ciudad de Guatemala y colaboradora del grupo Justice in Motion.
Ella y sus compañeros de trabajo han pasado horas examinando registros civiles y perfiles de Facebook para encontrar pistas sobre el paradero de los padres. A veces solo tienen un apellido común para iniciar la búsqueda.
Muchas de las personas a las que están intentando localizar viven en aldeas remotas y hablan lenguas indígenas que los trabajadores estadounidenses no dominan.
Cuando los activistas de derechos humanos reciben una pista, el viaje puede ser largo y complejo. Sánchez Ralda dijo que había pasado jornadas enteras recorriendo caminos riesgosos para llegar a comunidades aisladas.
Cuando finalmente localizan a los padres que han sido separados de sus hijos, por lo general al principio no creen que puedan recuperarlos.
Muchos, explica Sánchez Ralda, han desarrollado una profunda desconfianza hacia el gobierno de Estados Unidos y también hacia quienes les ofrecen ayuda.
Pero, para las familias que logran la reunificación, es una gran alegría. “Muchos de ellos nunca pensaron que se volverían a ver”, expone la abogada.
Fin del Título 42
Las organizaciones sin fines de lucro han localizado a unas mil 500 familias desde 2018, afirma Gelernt, de ACLU.
Pero algunos de los activistas le dijeron a la BBC que les preocupa que las decisiones de la política de inmigración de Estados Unidos puedan conducir a más separaciones familiares.
Biden ha tomado una serie de medidas para tratar de disuadir la afluencia de inmigrantes indocumentados en la frontera, especialmente ante el próximo fin de la política del Título 42 del gobierno de Trump.
Esta norma otorgó al gobierno el poder de expulsar automáticamente a los inmigrantes indocumentados a su país de origen o al último país en el que estuvieron, a menudo México.
En febrero, por ejemplo, funcionarios del gobierno dijeron que considerarían como “no elegibles” a los migrantes que no buscaron asilo en el primer país por el que pasaron en su camino a EEUU. Solo harían muy pocas excepciones.
Y los migrantes atrapados cruzando indocumentadamente no podrán volver a ingresar a EEUU durante al menos cinco años, según la nueva norma.
El diario The New York Times informó en marzo que el gobierno estaba considerando restablecer una práctica del gobierno de Trump para detener a familias migrantes con sus hijos si ingresan sin documentos a EEUU, una medida que Biden detuvo al asumir el cargo.
Aunque la práctica es diferente de la política de tolerancia cero, a los activistas les preocupa que pueda conducir a separaciones familiares de facto.
Esto ha motivado a los padres a enviar a sus hijos solos a la frontera, ya que los menores no acompañados pueden ser liberados de la custodia del gobierno para vivir con familiares u otros patrocinadores en EEUU.
“La implementación de esta política sería desastrosa”, dijo Jennifer Podkul, vicepresidenta de política y promoción de KIND.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre si estaba considerando la medida.
“Como un secuestro”
Los defensores de migrantes argumentan que se necesita hacer mucho más para ayudar a las familias a sanar del trauma de la separación.
Algunos padres que han tenido que dejar a hijos en Estados Unidos han intentado suicidarse, pues sienten culpa y confusión acerca de por qué les quitaron a su hijo, dijo Cathleen Caron, fundadora de Justice in Motion, una organización de derechos de los migrantes que trabaja en México y el norte de Centroamérica.
Los niños, dijo, llegan a mojar la cama, tienen pesadillas y “traumas profundos”.
Algunos, que tenían tan solo 1 año cuando se separaron, ni siquiera recuerdan a sus padres cuando los vuelven a ver, explica Gelernt.
Recuerda a uno de 4 años, de las primeras familias que la ACLU ayudó a reunir, que temía que alguien fuera a llevárselo a mitad de la noche.
Otros ahora se niegan a hablar sus lenguas indígenas o comer la comida que sus familias les preparan, según Sánchez Ralda.
Los activistas dicen que las familias necesitan más apoyo económico y legal del gobierno estadounidense para ayudarlos a recuperarse una vez que se da la reunificación, ya que muchos carecen de acceso a una vivienda estable.
En 2021, el gobierno de Biden estaba negociando con las familias para distribuir US$1.000 millones en compensación por las separaciones, en respuesta a una demanda presentada por la ACLU.
Pero esas discusiones supuestamente se rompieron después del rechazo estridente de los republicanos.
Y aunque el grupo de trabajo de Biden ha reunificado familias, su estado de libertad condicional de tres años en EEUU los deja en una situación precaria, advierte Caron.
Algunas familias podrían enfrentar la deportación después de ese tiempo o la posibilidad de otra separación si los niños han conseguido algún beneficio para permanecer en el país mientras sus padres son deportados.
“Cuando no sientes que estás a salvo, es muy difícil sanar”, señala Caron.
Un regreso agridulce
Para Martínez, el viaje para reencontrarse con sus hijas, que ahora tienen 14, 16 y 18 años, ha resultado agridulce.
“Estaba contento por saber que podía estar allá y que al menos podía empezar a ayudarlas desde el momento en que llegara, pero también fue muy doloroso por todo lo que sufrimos”, afirma.
Para sus hijas, la noticia de que volverían a ver a su padre les daba alegría pura e incontenible, según su exabogada, Anilu Chadwick.
“Comenzaron a llorar y gritar. Yo también quería gritar”, relató.
Martínez y sus hijas ahora viven con su madre y con su hermana en Nueva York. Dijo que sueña con algún día construir una casa para todos en Honduras y que puedan tener un lugar para estar juntos en su país natal.
Con 54 años, y después de cuatro lejos de sus hijas, el carácter amable y amoroso no ha cambiado. Pero el dolor de su tiempo separados ha dejado una marca indeleble, asegura.
“Es incurable. Nunca va a desaparecer. Permanecerá en los corazones de cada uno de ellas”.
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