El gobierno de Estados Unidos anunció que sancionará al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios de ese país por “la farsa” que supusieron las recientes elecciones presidenciales.
El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que las elecciones del 7 de noviembre fueron una “pantomima” que resultó en comicios injustos, sin libertad y sin democracia.
En esas elecciones, el presidente Daniel Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva. Los comicios fueron criticados internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló en el comunicado que el Ministerio Público arrestó “de forma injusta” a candidatos presidenciales y les impidió presentarse a las elecciones, “socavando así la democracia en Nicaragua”.
Los funcionarios sancionados son Luis Ángel Montenegro Espinoza, José Adrián Chavarría Montenegro, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, José Antonio Castaneda Méndez, Mohamed Farrara Lashtar, Salvador Mansell Castrillo, Sadrach Zeledón Rocha, Leonidas Centeno Rivera y Francisco Ramón Valenzuela Blandón.
Las sanciones impuestas significan que cualquier propiedad o intereses en propiedad de los sancionados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses serán bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Cualquier entidad de la que los sancionados sean dueños, de forma directa o indirecta, también quedará bloqueada, indica el comunicado.
También el gobierno de Canadá anunció sanciones contra 11 altos funcionarios nicaragüenses, entre los que destacan el asesor económico de Ortega, el excomandante sandinista Bayardo Arce; la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, y a Chavarría Montenegro, quien funge como contralor.
Reino Unido impuso sanciones contra ocho altos mandos nicaragüenses, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo, Luz Ramos, y el jefe de la policía Juan Valle Valle. Las sanciones imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos.
Los sancionados incluyen a Ana Julia Guido Ochoa, fiscal de Nicaragua, que es la máxima funcionaria del Ministerio Público. “Nuevas sanciones al régimen, ahora al Ministerio Público y a nueve de sus secuaces. ¡Abril sigue vivo!”, señaló el movimiento de exiliados Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), en referencia a los castigos y al mes de 2018 en que inició la rebelión contra Ortega en Nicaragua.
Por rechazo a la OEA
Por su parte, el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, el oficialista Gustavo Porras, anunció que instará a Ortega, a que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Porras citó para hoy a una sesión especial, a fin de discutir una declaración de rechazo a una resolución de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que desconoció las elecciones del 7 de noviembre, al advertir que “no tienen legitimidad democrática”.
Porras aseguró que la actitud de la OEA es “injerencista” y que el organismo está “desprestigiado y desacreditado”.
Aunque Porras no mencionó nada sobre un retiro de Nicaragua del organismo regional, simpatizantes del régimen señalaron que podría ser el principio de un proceso de salida del país como miembro activo de la OEA, con lo que seguiría los pasos de Venezuela.
