Veinte fiscales generales demócratas han expresado su apoyo a una demanda que desafía la nueva ley de aborto de Carolina del Sur, argumentando que la medida restrictiva podría dañar sus estados al gravar los recursos si las mujeres cruzan las fronteras para buscar atención. “Los efectos de la ley no se limitan a los límites de procedimientos particulares en un solo estado: la historia muestra que las personas cruzarán las fronteras estatales para recibir la atención adecuada”, escribió el fiscal general de Virginia, Mark Herring, en nombre de los fiscales, en un escrito amicus presentada el miércoles ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. “Como resultado, las leyes restrictivas sobre el aborto de Carolina del Sur harán que muchos de sus ciudadanos busquen servicios de aborto en los estados de Amici, lo que podría forzar sus sistemas de atención médica”.
Promulgada por el gobernador republicano Henry McMaster poco después de su aprobación a principios de este año, la medida requiere que los médicos realicen ecografías para verificar los llamados “latidos del corazón fetal”, que generalmente se pueden detectar aproximadamente a las seis semanas de embarazo. Si se detecta actividad cardíaca, el aborto solo se puede realizar si el embarazo fue causado por violación o incesto, o si la vida de la madre está en peligro. Los expertos médicos dicen que la actividad cardíaca no es un latido real, sino más bien un aleteo inicial de actividad eléctrica dentro de las células de un embrión. Dicen que el corazón no comienza a formarse hasta que el feto tiene al menos nueve semanas de vida, y condenan los esfuerzos para promover la prohibición del aborto basándose en inexactitudes médicas.
Los abogados de Planned Parenthood presentaron una demanda inmediatamente después de que McMaster firmó el proyecto de ley, y se ha bloqueado la entrada en vigor de toda la ley en espera del resultado de una impugnación de la nueva ley de aborto de Mississippi ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. A principios de este mes, el tribunal superior permitió que una ley de Texas que prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos puedan detectar la actividad cardíaca permanezca en vigor. La medida, el freno más grande del país al derecho al aborto desde que la corte anunció en su histórica decisión Roe v. Wade de 1973, ha sido vigilada de cerca por una docena de estados como Carolina del Sur, que han promulgado prohibiciones al principio del embarazo que siguen bloqueadas por los tribunales.
Los opositores han argumentado que muchas mujeres no saben que están embarazadas a las seis semanas, especialmente si no están tratando de concebir. Y, argumentan, con una fecha límite tan temprana, la ley les da a las mujeres poco tiempo para considerar si deben hacerse un aborto. Leyes como la de Carolina del Sur, escribió Herring, “crearían vastos ‘desiertos de aborto'” y “dañarían la atención médica en general al crear efectos secundarios graves que hacen más difícil obtener la atención adecuada para otras necesidades, como abortos espontáneos y embarazos ectópicos”. Los estados, “muchos de los cuales apoyan y subsidian una variedad de servicios de salud reproductiva, están listos y dispuestos a brindar dichos servicios a quienes los necesitan”, agregó.
Todos menos tres de los fiscales generales en la presentación del miércoles también provienen de estados con gobernadores demócratas. Además del Distrito de Columbia, los estados que firmaron el escrito son: California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
En julio, 20 estados en su mayoría liderados por republicanos declararon su apoyo a la ley de Carolina del Sur, argumentando en un “amicus brief” que un juez federal se equivocó al pausar toda la medida en lugar de que solo se impugnara la disposición. Ese fallo, argumentó el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, “pisotea la capacidad soberana de Carolina del Sur para decidir por sí misma los propósitos de su legislación” y “engrandece el poder judicial al tratar la orden judicial de la disposición impugnada como si la borrara por completo, de modo que toda la Ley colapsa “.
