Horas antes de su reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estadounidense, Joe Biden, firmó una ley que permite juzgar en suelo estadounidense a quienes atenten contra sus funcionarios en el extranjero, promovida en honor a un agente migratorio asesinado en México en 2011 y a su compañero herido.
En lo que representó un mensaje directo a los cárteles de la droga, Biden rubricó la Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales Jaime Zapata y Víctor Ávila, bautizada con los nombres de los dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que fueron víctimas de una emboscada el 15 de febrero de 2011 por parte de cárteles de la droga en San Luis Potosí, mientras cumplían una misión: “Esta ley va a proteger a los agentes que sirven en el exterior y enviar un mensaje a los cárteles de drogas, terroristas y delincuentes donde quiera que operen: si atacan a nuestros agentes, no escaparán de nuestra justicia”, declaró Biden.
“El presidente Biden está dando pasos importantes para garantizar protección y justicia para los agentes federales atacados en el extranjero”, dijo el senador Chris Coons, quien introdujo la iniciativa junto con el senador John Cornyn y estuvo presente en la ceremonia. “Esta clarificación de la ley federal garantizará que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquiera que ataque a nuestros agentes encargados de aplicar la ley, sin importar dónde pueda ocurrir [la agresión]”.
El senador Cornyn destacó que con esta ley, los agentes “llamados a servir ahora saben que su juramento de proteger a nuestra nación se extiende más allá de suelo estadounidense”. La nueva ley, continuó, “garantizará que los funcionarios y empleados federales sirviendo internacionalmente tengan la protección de las leyes que juraron defender, cerrando un vacío legal que hará justicia y hon- rará su servicio valiente”.
José Emanuel García Sota, conocido como Juan Manuel Maldonado Amezcua y apodado Zafado, de San Luis Potosí, y Jesús Iván Quezada Piña, conocido como Loco, de Matamoros, atacantes de Zapata y Ávila, fueron arrestados y condenados a cadena perpetua en Estados Unidos, pero en enero de 2020 la Corte de Apelaciones del Distrito de Columnbia rechazó las condenas alegando que el tribunal estadounidense que los procesó no tenía jurisdicción sobre delitos cometidos contra las fuerzas de seguridad en el extranjero.
Según la evidencia presentada en el juicio, García Sota y Quezada Piña eran miembros de escuadrones de asesinos de Los Zetas, o estacas, y se encontraban cumpliendo una misión el día de los tiroteos para robar vehículos para su uso en operaciones del cártel. Ellos integraban el grupo que atacó el vehículo en que viajaban Zapata y Ávila, quienes se dirigían a la Ciudad de México. Se hallaron unos 90 casquillos de bala en la escena.
Con la nueva norma, se modifica el título 18 del Código de Estados Unidos para poder incluir la “jurisdicción extraterritorial”.
