El condado de San Diego, sur de California, se declaró en emergencia por la “crisis humanitaria” provocada por la liberación en las últimas semanas de más de 8,000 inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza luego que fueran hallados y procesados en la frontera. Según Univisión.com, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego acordó la medida por unanimidad al considerar la escasez de recursos federales para los solicitantes de asilo como una crisis humanitaria.
Los inmigrantes esperan en libertad la resolución de sus casos de deportación en los tribunales de inmigración donde están siendo procesados bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en el marco del debido proceso migratorio. En la audiencia ante un juez, los extranjeros podrán pedir asilo. En caso se los nieguen, recibirán una orden de deportación. Los procesos judiciales, sin embargo, pueden demorar semanas incluso meses debido al atasco en la Oficina de revisión de casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR).
En la declaratoria de emergencia, los supervisores del condado de San Diego solicitaron:
-Recursos y personal federal para gestionar inmigrantes liberados a efecto que acudan a su cita ante un juez de inmigración;
-Ayudarlos con sus peticiones de asilo que serán presentadas en la audiencia de deportación;
Conectarlos con sus patrocinadores y destinos finales. El propósito es evitar que sean liberados en las calles de San Diego;
-La junta además se opone a los traslados laterales de solicitantes de asilo desde otros estados o jurisdicciones;
-Ordena a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados del condado que envíe una carta detallada que describa las necesidades específicas de las organizaciones no gubernamentales locales y las comunidades afectadas a la delegación federal de San Diego;
-Aboga por fondos federales para desarrollar una solución a largo plazo, incluyendo una instalación permanente y apoyo operativo cuando los solicitantes de asilo sean liberados en el condado;
-Ordena a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados que continúe trabajando con gobiernos y organizaciones no gubernamentales en objetivos a corto y largo plazo para la comunidad fronteriza permanente.
Los supervisores del condado de San Diego señalaron que el asunto migratorio es de “responsabilidad federal” y urgieron al gobierno de Joe Biden el envío de recursos para atender a la emergencia registrada con el ingreso de miles de inmigrantes en las últimas semanas. Si bien los integrantes de la junta señalaron que pueden tener distintos puntos de vista sobre el tema migratorio, reconocieron que se trata de un asunto humanitario que está impactando la política migratoria estadounidense,
“Este condado necesita urgentemente recursos federales mientras enfrentamos esta crisis humanitaria”, dijo la supervisora Nora Vargas, citada en un reporte de NBC. La emergencia decretada en el condado de San Diego se suma a otra emergencia similar a la que se registra en Nueva York, con la diferencia que en ese estado del norte el número de los inmigrantes indocumentados liberados y transportados de otros estados y que enfrentan un proceso de deportación donde pedirán asilo supera los 110,000.
Y al igual que San Diego, la municipalidad de la Ciudad de Nueva York y la gobernación han solicitado al gobierno federal fondos para atender la crisis, dineros que serán destinados a alojamiento, atención médica, escuelas para los niños, alimentación y permisos de trabajo.
La mayoría de los extranjeros que en los últimos dos años han arribado a la Ciudad de Nueva York son solicitantes de asilo que ya pasaron la primera parte de la entrevista de miedo creíble en la frontera, fueron procesados por la Patrulla Fronteriza, remitidos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas y luego colocados bajo el Programa Alternativo de Detención (ATD) por no constituir una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Mientras esperaban la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración, proceso que puede demorar meses, los estados de Texas y Florida desarrollaron programas para transportarlos hacia otros estados gobernados por demócratas, como Nueva York.
Nueva York habla de unos 110,000 extranjeros en espera de la resolución de sus casos y que necesitan un permiso de trabajo. La semana pasada, el gobierno de Biden anunció una redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela y movió la fecha de registro para proteger de la deportación a unos 472,000 venezolanos indocumentados, quienes además califican para una autorización de empleo. De ellos, unos 17,000 se encuentran en Nueva York.
El viernes, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reportó que durante el mes de agosto llevo a cabo 232,972 detenciones en la frontera con México, cifra que marca un récord. El reporte agrega que el 11% de ellos había sido detenido y deportado en los 12 meses anteriores, en comparación con una tasa promedio de reencuentro en un año del 14% para los años fiscales 2014 al 2019. En agosto del 2022, la tasa de encuentros repetidos fue del 35%.
Los inmigrantes indocumentados detenidos o hallados en la frontera con México por agentes federales de inmigración que carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos están siendo puestos en proceso de deportación, reiteró la agencia federal. Además, dijo, “están sujetos a una prohibición de admisión de un mínimo de 5 años y a un posible proceso penal si posteriormente reingresan sin autorización (re-entry o regreso no autorizado)”. Esto, de conformidad con las antiguas reglas del Título 8 de Ley INA.
Antes de la actual oleada de inmigrantes registrada en agosto en la frontera con México, la totalidad de indocumentados sujetos a deportación bajo el Título 8 permanecían detenidos mientras se desarrollaban sus procesos “y solo unos pocos lograban asilo”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Tras la oleada algunos están siendo liberados con grilletes por falta de espacio en cárceles y centros de detención”, agregó.
