Por José Meléndez
San José.– Venezuela y Guatemala emergieron en 2023 como esquinas ideológicas opuestas y contradictorias sobre el futuro de la democracia en América.
Para la gobernante izquierda venezolana, al mando desde 1999, es correcto que el presidente de Venezuela, el izquierdista Nicolás Maduro, impida a la opositora derechista venezolana María Corina Machado competir como favorita para ganar las elecciones presidencias de ese país de 2024.
Para la poderosa derecha guatemalteca, empotrada a partir de 1954, es correcto que al centroizquierdista guatemalteco Bernardo Arévalo se le impida jurar el 14 de enero de 2024 como presidente de Guatemala, pese a que ganó los comicios presidenciales de esa nación de agosto anterior.
En el medio de las pugnas, está el gobierno de Estados Unidos, que sancionó a las fuerzas izquierdistas de Venezuela y a las derechistas de Guatemala por obstaculizar las vías democráticas en ambos países, pero las represalias de Washington tampoco surtieron efecto.
“Las clases dominantes, independientemente de su signo político, cuando han pasado mucho tiempo en el poder se acostumbran al poder y es muy difícil que lo dejen. Es lo que ocurre en América Latina”, afirmó el historiador y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ente no estatal autónomo.
“Los extremos (ideológicos) no reconocen los procesos democráticos. En (el gobierno izquierdista de) Venezuela lo que han hecho es, con procesos legales, que los candidatos no participen en las elecciones”, dijo Carrión.
“La derecha asume el poder que ejerce a través de distintas instancias para impedir que nuevas opciones que han surgido en procesos democráticos puedan llegar al poder”, explicó.
Venezuela, sumida en la más grave crisis política, institucional y socioeconómica de su historia, y Guatemala, con las fuerzas económicas y militares tradicionales blindadas para negarse a ceder el poder, están ante decisiones cruciales sobre su futuro democrático.
“La democracia en América Latina y el Caribe está en jaque… desde distintas ideologías”, advirtió la abogada venezolana Tamara Taraciuk, directora del Programa sobre Estado de Derecho del (no estatal) Diálogo Interamericano, de Washington.
“Líderes autoritarios de izquierda y derecha llegan al poder y dan la espalda a garantías de independencia judicial o prensa independiente. Lo hacen para preservar un proyecto político o mantenerse en el cargo por miedo a terminar presos si dejan el poder”, planteó Taraciuk a este diario.
“Es lo que vemos en la preservación del poder en gobiernos de distintas ideologías, como Guatemala y Venezuela. Ambos están manipulando la justicia para mantenerse en el cargo o evitar que la voluntad popular determine el futuro”, adujo.
No a Arévalo
La extrema derecha guatemalteca, que desde 1954 asumió el control de Guatemala cuando avaló y defendió una intervención militar de EU para deponer a un gobierno constitucional acusado de comunista, esgrimió en 2023 alegatos de protección de la soberanía y denunció la intromisión de Washington en los asuntos internos de su país.
Pese a que Guatemala retornó a la democracia en 1986 tras una dictadura militar desde 1954, los poderes tradicionales jamás se despojaron del timón en los siguientes 37 años.
El 25 de junio anterior, en primera ronda electoral, Arévalo quedó segundo, detrás de la derechista Sandra Torres, y pasó al 20 de agosto para la segunda, en la que triunfó y se transformó en el enemigo a sacar del juego… a cualquier precio.
Tras clasificar en junio, Arévalo se topó con maniobras judiciales para sacarlo de la carrera que fueron atribuidas al Pacto de Corruptos, conspiración partidista y empresarial de la derecha guatemalteca que accionó sus piezas políticas, jurídicas, económicas y de variada índole.
Originado hace unos 20 años y casi oficializado en 2017 con apoyo de clanes militares para controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electora y Judicial (incluida la Corte de Constitucionalidad), la Contraloría General y la Fiscalía General, el Pacto falló—todavía hasta ahora—en lograr su objetivo: cerrar el camino de Arévalo a la Presidencia.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que asumió en 2020, intentó sin éxito desligarse de las denuncias de que se alió con el Pacto para combatir a Arévalo.
Semilla, partido que postuló a Arévalo, fue inhabilitado ayer por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) por orden judicial por presunta irregularidad de registro. El TSE aclaró que la medida tampoco evitará que Arévalo jure el 14 de enero de 2024 para un mandato de cuatro años, porque la competencia electoral finalizó el martes pasado.
EEUU sancionó a varios de los operadores del bloqueo a Arévalo.
No a Machado
Maduro ratificó esta semana que Machado jamás participará en las elecciones presidenciales de 2024 y que son ilegítimos los comicios primarios que la oposición venezolana realizó el 22 de octubre anterior, en los que la opositora venció. Maduro alegó que Machado está inhabilitada, de 2015 a 2030, a ocupar cargos públicos.
Por la decisión de Maduro, con el oficialismo rumbo a 25 años de régimen en 2024, EU reimpondría sanciones petroleras a Venezuela y retrocedería en la flexibilización, que adoptó el 18 de octubre de este año luego de que, el 17, oficialismo y oposición pactaron garantías para comicios libres, justos y transparentes.
Washington justificó los castigos contra Caracas a partir de 2017 y otros actos que dictó en 2014, en que Maduro violó los derechos humanos y rompió el orden democrático en Venezuela.
“La oposición venezolana pelea por condiciones medianamente libres para una elección en 2024 en la que puedan postularse sin restricciones arbitrarias de la autoridad”, explicó Taraciuk.
En esquinas ideológicas opuestas, a Arévalo y Machado los une un hondo cuestionamiento en Guatemala y Venezuela sobre el futuro de la democracia en América: ¿habrá en esos países una efectiva transición del poder?
