Pronto se prohibirá a los empleadores privados en Texas exigir a sus empleados que reciban la vacuna COVID-19. Según Radio Public Texas, el Senado de Texas dio la aprobación final al Proyecto de Ley Senatorial 7 el martes. Ahora se dirige al escritorio del gobernador Greg Abbott, donde se espera que lo promulgue y lo convierta en ley.
La medida, parte de un esfuerzo de años de los republicanos para eliminar las restricciones y los esfuerzos médicos asociados con la pandemia, fue uno de varios temas que Abbott pidió a los legisladores que abordaran en la actual sesión legislativa especial que finaliza la próxima semana. El senador Mayes Middleton, republicano por Galveston, dijo que su propuesta “protege al individuo, su elección” de no recibir la vacuna COVID-19.
“Todos merecen tomar esa decisión por sí mismos y no deberían verse obligados a decidir entre mantener a su familia y sus creencias sinceras sobre la vacuna COVID”, dijo Middleton el martes. Según la SB 7, las empresas que infrinjan la ley recibirían una multa de 50.000 dólares y se enfrentarían a posibles medidas cautelares por parte de la Oficina del Procurador General. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas tendría la tarea de crear reglas en torno a las multas.
La senadora Kelly Hancock, republicana por North Richland Hills, votó a favor de la SB 7, pero expresó su aprensión por la multa asociada al proyecto de ley. Dijo que apoyaba la multa de 10.000 dólares en la versión original de la propuesta. “Quería centrar esto para reconocer que estamos exigiendo a los propietarios de pequeñas empresas que lo arriesgaron todo para iniciar sus negocios y que los $50,000, francamente, podrían ser lo que muchos de ellos ganan en un año”, dijo Hancock.
Según el proyecto de ley, los empleadores que tomen medidas correctivas no tendrían que pagar la multa. Los grupos proempresariales están en contra de la legislación. La Federación Nacional de Empresas Independientes y la Asociación de Empresas de Texas registraron su oposición.
En una declaración a The Texas Newsroom la semana pasada, Glenn Hamer, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Texas, advirtió sobre el impacto de la medida. “Sancionar a los empleadores con $50,000 por ciertas decisiones operativas como una primera infracción podría poner en peligro la supervivencia de las pequeñas empresas afectadas”, dijo Hamer.
Mientras tanto, la senadora Sarah Eckhardt, demócrata por Austin, sugirió que los republicanos que apoyan la medida, como Middleton, sólo apoyan el derecho de las personas a tomar decisiones sobre sus cuerpos cuando sea conveniente.
“La declaración de intenciones del autor es que las personas deberían poder tomar decisiones médicas personales sin temor a represalias por parte de su empleador”, dijo Eckhard a Middleton. “Pero no se cree que una persona deba tomar decisiones médicas sin temor a represalias con respecto a la atención de la salud reproductiva”. Todos los abortos están prohibidos en Texas, excepto si la paciente corre riesgo de muerte.
