El gobierno de Joe Biden prepara a un grupo de agentes federales de inmigración para enviarlos a Panamá donde ayudarán a las autoridades locales a entrevistar posibles solicitantes de asilo en Estados Unidos. Según Univisión.com, la estrategia forma parte de un plan que la Casa Blanca lleva a cabo y que a principios de noviembre se conocieron algunos detalles. El objetivo del gobierno es endurecer los requisitos de asilo para reducir la presión que durante meses dese vive en la frontera sur del país con la llegada de cientos de miles de inmigrantes de distintas nacionalidades.
Panamá, específicamente el denominado Tapón del Darién, selva localizada en la frontera con Colombia y el resto de Sudamérica, se ha convertido en una de las principales rutas de tráfico de extranjeros que huyen de sus países a causa principalmente de la pobreza, violencia y efectos del cambio climático y tratan de llegar a la frontera norte de México para pedir asilo al gobierno estadounidense.
Los planea de envío de agentes federales de inmigración a Panamá fueron revelados por dos funcionarios del gobierno de Biden con conocimiento de la estrategia a la cadena de noticias CBS. Dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha identificado un equipo de funcionarios con experiencia en la selección de solicitantes de asilo y en la deportación de inmigrantes, quienes serán enviados a Panamá una vez que se alcance un acuerdo final con el gobierno de ese país.
Entre el grupo de personal que sería enviado a Panamá se incluyen agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)y agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), encargados de las deportaciones. Ambas agencias operan bajo el mando del DHS. Los reportes indican además que Panamá solicitó la asistencia a Estados Unidos para poder controlar el alto flujo de migrantes que a diario transitan por el Darién y luego se dirigen al norte para cruzar Centroamérica y luego México.
Se estima que unos 500,000 migrantes, la mitad de ellos mujeres y niños, han cruzado a pie la alguna vez el Tapón Darién en lo que va del 2023, de acuerdo con datos del gobierno de Panamá. La gran mayoría de los migrantes provienen de Venezuela, país que ha visto huir a millones de sus ciudadanos en los últimos años para escapar de una crisis económica generalizada y un gobierno autoritario encabezado por Nicolás Maduro.
De acuerdo con el reporte de CBS, los agentes federales estadounidenses planean capacitar a funcionarios panameños para examinar a los migrantes para determinar si califican para recibir protección humanitaria, o bien proceder a deportarlos por no tener una causa legal para reclamar asilo. CBS dijo que el plan también incluye ayudar a Panamá a conseguir contratos gubernamentales para reforzar sus operaciones de deportación.
La estrategia sería financiada con fondos provenientes del Departamento de Estado (DOS). La cadena dijo además que la Administración Biden ha notificado al Congreso, organismo que tiene en sus manos una solicitud para el desvío de dinero al DHS para financiar el esfuerzo, el que sólo será implementado una vez que Panamá y Estados Unidos finalicen y firmen un acuerdo formal.
El “objetivo del programa es proporcionar asistencia técnica y otras capacidades para que puedan básicamente crear un programa más sólido para repatriar a los migrantes que no establecen una base legal para permanecer en Panamá”, dijo el alto funcionario estadounidense a CBS News. A principios de noviembre, el sitio POLITICO reportó que el gobierno de Biden estaba preparando a legisladores y defensores de los derechos de los inmigrantes para la “probabilidad de que el Ejecutivo lleve a cabo cambios sobre la ley de asilo.
La ley vigente estipula que cualquier persona que llegue a la frontera, sea a un puerto fronterizo o entre puertos fronterizos, puede pedir asilo y el caso ser referido a un juez de inmigración. Pero entre octubre del año pasado y abril del 2023, el gobierno de Biden anunció nuevas reglas que modifican el proceso.
Entre ellas, ciudadanos originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela deben contar con un patrocinador aprobado por el DHS y solo pueden ingresar vía aérea con un pasaporte válido. A su vez, inmigrantes originarios de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador pueden entrar a Estados Unidos si tienen una petición familiar I-130 aprobada por el DOS.
Los demás extranjeros deben ingresar a la aplicación CBP One y esperar una cita para presentarse en un puerto de entrada autorizado. El gobierno ha advertido que todos aquellos no ciudadanos que no tengan una causa legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados de manera expedita bajo la autoridad del Título 8 de la Ley de Inmigración.
Defensores de los derechos de los inmigrantes califican el anuncio de cambios a las políticas de asilo por arte del gobierno como una “espantosas propuestas” que, en caso de ser puestas en marcha “diezmarán las protecciones de asilo”, dio Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés).
Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, dijo ante los informes que este proceso debería llevarse a cabo “a través de un orden regular e implicar un conjunto de reformas políticas a gran escala, no aquellas centradas únicamente en destripar el acceso al asilo”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo en una carta enviada a Biden que nada de lo que esté conversando con el Congreso para el envío de fondos “impedirá que la gente venga a Estados Unidos”, y le recordó la responsabilidad moral y legal del gobierno “de brindar protección a los solicitantes de asilo y proteger el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso”.
