La Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos detuvo el uso de trampas con resorte que dispersan polvo de cianuro para matar coyotes y otros depredadores del ganado, una práctica que los defensores de la vida silvestre han tratado de prohibir durante décadas debido a preocupaciones de seguridad, confirma Canal 5 ABC, con datos de Agencia AP. Los dispositivos eyectores M-44 que los críticos llaman “bombas de cianuro” han matado involuntariamente a miles de mascotas y animales salvajes no depredadores, incluidas especies en peligro de extinción, según los Servicios de Vida Silvestre del Departamento de Agricultura de EE.UU. Tienen un cebo perfumado y emiten una nube venenosa cuando se les activa ante una perturbación física.
La Oficina de Administración de Tierras publicó silenciosamente un aviso en su sitio web la semana pasada de que ya no usará los dispositivos en los 390,625 millas cuadradas (1,011,714 kilómetros cuadrados) que administra a nivel nacional, un área dos veces más grande que California, en gran parte donde pastan los ganaderos. ganado vacuno y ovino.
Otras agencias federales, incluido el Servicio de Parques Nacionales y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, ya prohíben los dispositivos. Pero el Servicio Forestal y 10 estados todavía los utilizan de alguna forma. Desde 2008 se han presentado en el Congreso ocho proyectos de ley infructuosos para prohibir las trampas en tierras federales y/o estatales. Los patrocinadores de la legislación pendiente en la Cámara y el Senado de Estados Unidos que los prohibiría en ambos casos dicen que son optimistas de que la nueva posición de la oficina ayudará a allanar el camino para un apoyo más amplio.
Brooks Fahy, director ejecutivo del grupo de vigilancia Predator Defense con sede en Oregón, ha estado trabajando durante 40 años para prohibir el uso de cianuro de sodio en las trampas. Enfatizó que está registrado ante la Agencia de Protección Ambiental como tóxico de categoría 1, el nivel más alto de toxicidad. “No puedo creer que sigan apareciendo en el paisaje y sigan dañando a la gente”, dijo Fahy. “He visto M-44 colocados justo al borde de un sendero”.
Los M-44 consisten en una estaca clavada en el suelo con un resorte y un recipiente cargado con el químico. Marcados de manera inconsistente y a veces ni siquiera, los humanos los han confundido con rociadores o marcadores topográficos. Las agencias federales dependen de los Servicios de Vida Silvestre para lidiar con los animales problemáticos, ya sea en áreas remotas o en aeropuertos de todo el país, utilizando fuerzas letales y no letales. El cambio en las tierras de la Oficina de Administración de Tierras se produjo en el marco de una revisión reciente de un memorando de entendimiento con Servicios de Vida Silvestre obtenido por The Associated Press el lunes.
Tiene efecto inmediato, pero cualquiera de las partes puede cancelarlo con un aviso de 60 días. Wildlife Services ha utilizado M-44 durante décadas, principalmente en Occidente, como parte de un programa más amplio para controlar a los depredadores que data de la década de 1930. La Asociación Estadounidense de la Industria Ovina y la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res se encontraban entre los 100 grupos industriales que escribieron al Congreso este año, destacando la importancia del programa. Dijeron que los depredadores causan más de 232 millones de dólares en pérdidas de ganado anualmente.
Según Predator Defense, alrededor de una docena de personas han resultado gravemente heridas en los últimos 25 años por los M-44 en tierras federales. Entre 2000 y 2016, los Servicios de Vida Silvestre informaron que los M-44 mataron a 246.985 animales, incluidos al menos 1.182 perros. Entre 2014 y 2022, la agencia dijo que los M-44 mataron intencionalmente a 88.000 animales y sin querer mataron a más de 2.000 animales.
La protesta pública por los dispositivos creció después de que un perro de la familia muriera en 2017 en Pocatello, Idaho, y Canyon Mansfield, que entonces tenía 14 años, resultó herido después de activar accidentalmente un dispositivo colocado en un terreno público a unos 400 pies (122 metros) de su casa. En 2020, el gobierno federal admitió negligencia y acordó pagar a la familia 38.500 dólares para resolver una demanda.
