Un juez federal del sur de California prohibió este viernes que el gobierno federal separe por 8 años a familias migrantes en la frontera con México. La decisión bloquea preventivamente la reanudación de una política de la era Trump, que el expresidente no ha descartado de volver a utilizar si los votantes lo devuelven a la Casa Blanca el año que viene, informa Univisión.com.
En octubre, el juez Dana Sabraw aprobó provisionalmente un acuerdo judicial pactado entre el Departamento de Justicia y las familias afectadas por las separaciones representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que reafirmó por un plazo de 8 años este viernes. ACLU dice que nadie se opuso formalmente al acuerdo, situación que despeja el camino para que el acuerdo se convierta en permanente y, de esa manera, poner fin casi siete años después haber sido autorizado esta medida.
En junio de 2018 el juez Sabraw emitió un fallo prohibiendo al entonces gobierno de Donald Trump separar forzadamente familias migrantes en la frontera sur, señalando que se trataba de una práctica “cruel” e “inhumana” que era contraria a la ley y causaba severos sufrimientos a las personas afectadas.
Según el gobierno de Trump, las separaciones forzadas se llevaron a cabo entre principios de mayo y el 20 de junio de 2018 y se llevaron a cabo 2,654 separaciones forzadas. Pero un reporte del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IG-DHS) publicado en enero de 2019, determinó que las separaciones forzadas comenzaron muchos meses antes de la fecha reconocida por el gobierno anterior afectando a miles de indocumentados cuyo número es probable que nunca se conozca.
Una investigación de Univision Noticias publicada en enero de 2020 determinó que las separaciones forzadas fueron ordenadas por el gobierno de Trump el 11 de abril de 2017 por medio de un memorando firmado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, y enviado a los fiscales de la frontera.
En el documento, se ordenó la presentación de cargos criminales por ingreso ilegal a Estados Unidos siendo que este acto se trata de una falta de carácter civil. Al presentar cargos criminales, el gobierno le arrebató los hijos menores de edad a los inmigrantes y los envió a hogares sustitutos mientras los progenitores enfrentaban un juicio criminal. Una vez concluidos los procesos judiciales, cientos de padres fueron deportados solos a sus países de origen y cerca de 1,000 todavía están en busca de reunificarse con ellos sorteando un complejo y difícil proceso burocrático para que les sean entregados.
Sabraw, nombrado por el presidente George W. Bush, ordenó el fin de las separaciones en junio de 2018 y le dio un plazo al gobierno de 30 días para reunificar a las 2,654 familias afectadas. Pero debido a la falta de coordinación entre las agencias que participaron en las separaciones forzadas cientos, tal vez miles de niños se perdieron dentro del sistema que no fue debidamente preparado para llevar a cabo estos procedimientos.
De acuerdo con datos del equipo de trabajo (Task Force) creado en febrero de 2021 por el gobierno de Joe Biden para ubicar y reunificar a todas las familias afectadas, se estableció que el número de separaciones supera los 5,000. Tras el acuerdo judicial alcanzado en octubre, ACLU dijo que el documento involucra “su demanda de años de duración en nombre de miles de niños y padres traumatizados que fueron separados por la fuerza bajo la práctica ilegal de tolerancia cero de la administración Trump de separar familias en la frontera”.
El grupo de derechos civiles indicó que la separación familiar forzada “marcó uno de los problemas más horribles y sonados de la era Trump”. Y que durante ese tiempo “miles de niños, incluidos bebés, fueron arrancados de los brazos de sus padres sin previo aviso”. “Los niños fueron enviados a instalaciones a miles de kilómetros de distancia de sus padres. A las familias separadas no se les dijo cuándo volverían a verse, ni siquiera si se volverían a ver. Muchos niños y padres no volvieron a verse durante un año o más”, se lee en un informe de la organización.
El documento agrega que “el cuidado y seguimiento de los niños separados por parte del gobierno fue tan deficiente que cuando un tribunal federal finalmente ordenó al gobierno reunificar a las familias (finales de junio de 2018), los funcionarios gubernamentales no pudieron identificar qué niño pertenecía a qué padre”.
