El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció el miércoles que se ha unido a muchos otros gobernadores de todo el país para presentar un escrito “amicus curiae” en un esfuerzo por proteger el acceso al aborto en todo el país. Walz dice que la presentación está ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de la Administración de Alimentos y Medicamentos contra la Alianza para la Medicina Hipocrática. El escrito sostiene que una decisión que confirme una decisión del Quinto Circuito tendría “implicaciones de gran alcance más allá de la atención médica reproductiva” y “socavaría” la capacidad del estado para brindar servicios de atención médica adecuados, detalla la nota de Canal 4 CBS.
En diciembre, SCOTUS (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES) dijo que aceptaría el intento de la administración Biden de mantener el acceso a una píldora abortiva ampliamente utilizada, lo que marcó la primera disputa sobre el aborto que el tribunal superior escuchará desde que miembros de su mayoría conservadora anularon Roe v. Wade en 2022.
Presentado por un grupo de médicos y asociaciones médicas que se oponen al derecho al aborto, el resultado del caso podría tener consecuencias de gran alcance al restringir cómo se puede obtener el medicamento mifepristona, quién puede prescribirlo y cuándo se puede tomar.
“Las decisiones de atención médica deben guiarse por la ciencia y la experiencia, no por la política. Los habitantes de Minnesota merecen acceso a todo el espectro de servicios de atención de salud reproductiva para que puedan tomar las mejores decisiones para su propia salud después de consultar a profesionales médicos calificados”, afirmó Walz. “Las mujeres en este país merecen la mejor atención posible. Este caso representa una grave amenaza a ese derecho fundamental”.
El escrito sostiene que la mifepristona es segura, muy eficaz y un componente vital del sistema de salud reproductiva en los estados donde el aborto sigue siendo legal. “Cualquier reducción del acceso a la mifepristona causaría importantes perturbaciones en los sistemas estatales de atención sanitaria, sobrecargaría aún más a los proveedores y plantearía graves riesgos para la salud de millones de mujeres”, decía un comunicado de prensa de la oficina del gobernador. “Esta demanda amenaza con alterar el proceso de revisión federal de la FDA, un estándar de oro probado en el tiempo para el rigor y la mitigación de riesgos, en el que confían los gobernadores para proteger la salud y el bienestar de sus electores”.
