La Corte Suprema de Minnesota escuchó el jueves por la mañana argumentos que cuestionan el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del gobernador Tim Walz. Según la información de Canal 4 CBS, es sólo la última de varias demandas en los últimos años que cuestionan los poderes de emergencia del gobernador .
El Upper Midwest Law Center presentó originalmente esta demanda en 2020 en nombre de varios residentes, propietarios de pequeñas empresas e iglesias, argumentando que las acciones del gobernador eran una extralimitación del poder.
El caso pasó del Tribunal del Condado de Ramsey al Tribunal de Apelaciones de Minnesota antes de llegar a la audiencia ante el Tribunal Supremo de Minnesota. Este caso cuestiona específicamente el mandato estatal de uso de mascarillas que exige que los habitantes de Minnesota usen mascarillas en lugares públicos cerrados.
La demanda argumenta que sólo la legislatura estatal tiene el poder de dictar leyes y que Walz se extralimitó en su poder al emitir el mandato. La declaración de Walz de una emergencia en tiempos de paz permitió que se implementaran varias medidas de mitigación de COVID-19 en todo el estado, desde multar a empresas hasta prohibir los desalojos residenciales.
El problema comienza con la interpretación. Lo que está en juego es cómo interpretar una ley de 1996 llamada Ley de Manejo de Emergencias de Minnesota. Otorga al gobernador poderes de emergencia en tiempos de paz en una variedad de escenarios.
Una emergencia de salud pública no figura entre esos escenarios. Sin embargo, según el gobernador en 2020, el COVID-19 entra en la categoría de “acto de la naturaleza”. Usó esa autoridad para tomar medidas ejecutivas, incluido un mandato de máscara.
Incluso si el mandato no puede descartarse exactamente, la conclusión es que los demandantes quieren sentar un precedente: quieren imponer limitaciones al poder del gobernador. Sin embargo, los abogados estatales dicen que la ley es clara.
“Hay una situación en la que el gobernador tiene control de todo el aparato del gobierno estatal, incluida la autoridad legislativa, y si eso continúa durante meses y meses, es un problema constitucional”, dijo James Dickey del Upper Midwest Law Center.
“El uso de la palabra propiedad aquí no está restringido a ningún otro descriptor, por lo que significa una definición completa de propiedad, incluida la propiedad intangible como los ingresos de las personas, y cuando las personas fueron hospitalizadas por COVID, perdieron ingresos”, dijo el Procurador General de Minnesota. Liz Kramer. “Por lo que pude ver en la audiencia de hoy, los jueces de la Corte Suprema parecían escépticos ante el argumento del demandante contra el Gobernador”. Un juez, designado por el gobernador, se recusó del caso. Aún no hay un calendario para una sentencia.
