La junta escolar de la capital de Minnesota aprobó el martes por la noche dos cambios que afectarán a los estudiantes del distrito, informó CBS News.
La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de St. Paul aprobó la nueva política sobre celulares del distrito, que entrará en vigor al inicio del próximo año escolar. La norma prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas para los estudiantes de kínder a octavo grado, y en las aulas para los de noveno a duodécimo grado.
La política contempla excepciones para condiciones médicas, educación especial, situaciones de emergencia y otros casos.
El año pasado, la Legislatura de Minnesota aprobó una medida que exige que todos los distritos escolares establezcan una política sobre el uso de celulares antes de la primavera. Actualmente, los legisladores están considerando una prohibición estatal de celulares en las escuelas.
La junta también aprobó a Stacie Stanley como la nueva superintendente del distrito. El exsuperintendente Joe Gothard dejó St. Paul el año pasado para trasladarse a Madison, Wisconsin.
Stanley es actualmente la superintendente de las Escuelas Públicas de Edina y asumirá su nuevo cargo en St. Paul el 12 de mayo. El distrito destacó que es la primera graduada de SPPS en convertirse en superintendente permanente.
“Estoy verdaderamente honrada y agradecida por la oportunidad de servir como la nueva superintendente de las Escuelas Públicas de Saint Paul”, dijo Stanley. “Unirme a una comunidad tan vibrante y comprometida de estudiantes, personal, familias y socios es tanto un privilegio como una responsabilidad que valoro profundamente”.
Además, la junta aprobó una resolución para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso al aprendizaje y a otros servicios educativos en sus escuelas, incluyendo cursos rigurosos, actividades extracurriculares, deportes y servicios de apoyo, sin importar el estatus migratorio del estudiante o su familia.
La resolución desalienta a los empleados del distrito de preguntar sobre el estatus migratorio de los estudiantes y prohíbe la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menos que sea requerida por mandato legal. También ordena al distrito proporcionar capacitación y recursos para “garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes que puedan verse afectados por acciones de control migratorio”.
