Minneapolis, MN.- Los trastornos sociales y económicos son algunos de los impactos reportados por las organizaciones de apoyo a los latinos de Minnesota mientras monitorean los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump.
Una respuesta coordinada está en marcha para ayudar a los afectados.
Cumpliendo con su promesa de campaña, el presidente Donald Trump está presionando a las agencias federales para que aumenten las deportaciones de personas indocumentadas. Los analistas dicen que las cifras no han variado mucho, pero se espera que la Casa Blanca siga añadiendo recursos para la aplicación de la ley.
Ryan Pérez, director de organización de COPAL en Minnesota, dice que, dado que la administración publica los arrestos, existe un mayor nivel de temor.
“Hay personas que tienen miedo de ir de compras, de ir al mercado,” dice Pérez, “porque asumen que el ICE vigila esos lugares. Algunos de esos impactos son económicos, pero muchos son sociales y están afectando nuestro tejido social.”
Dice que más de 90 organizaciones de todo Minnesota brindan asistencia en aspectos como la defensa jurídica cuando alguien es detenido, o ayuda social para familias que se quedaron repentinamente sin ingresos.
La coalición también mantiene un flujo de información para que los miembros de la comunidad conozcan sus derechos, con la esperanza de que la gente no tenga tanto miedo de salir.
Las agencias federales involucradas afirman que están cumpliendo con un mandato del pueblo estadounidense para reforzar la aplicación de la ley.
Pérez dice que COPAL facilita la Red de Defensa Migrante, con equipos que están presentes durante los incidentes de aplicación de la ley a medida que estos ocurren para garantizar que los agentes federales no estén violando los derechos de nadie.
“Hay derechos procesales que la gente tiene como ciudadanos de otros países, como miembros de la comunidad que viven y trabajan aquí,” agrega Pérez. “Y estamos investigando esas situaciones.”
Pérez menciona una reciente redada en Rochester donde varias personas fueron detenidas, a pesar de que sus abogados dijeron que no tenían antecedentes penales por violencia, una motivación clave destacada por la administración Trump para llevar a cabo estas acciones. Las personas fueron finalmente liberadas, pero miembros de la comunidad señalaron que la aplicación de la ley interrumpió las operaciones en un restaurante local.
