Las autoridades peruanas investigan a Lilia Paredes, exprimera dama, de formar parte de una organización criminal en la que realizaba “acciones de coordinación y concertación” con conocimiento del expresidente Pedro Castillo para, supuestamente, aprovecharse del Estado.
Al igual que su esposo, Paredes es profesora y a ella se le acusa del presunto delito de organización criminal, de la que sería coordinadora. Su hermana, Yenifer, también es acusada, pero como intermediaria.
El medio El Comercio ha detallado que “Paredes Navarro afronta en la actualidad una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal, al ser sindicada como coordinadora en la red criminal, que habría liderado Castillo Terrones, para otorgar obras del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en Anguía (Cajamarca) y otras localidades del país”.
En específico se le vincula al caso Anguía y Chadín, en el que presuntamente hubo irregularidades en obras públicas realizadas en Cajamarca por presuntas licitaciones fraudulentas, con empresas fachada.
La disposición fiscal llegó a apuntar que “Lilia Paredes mantiene una estrecha relación con los demás miembros de la organización criminal, por lo que coordinaba con ellos para hacerse de la ejecución de obras públicas, conociendo que a quienes iba a favorecer eran personas estrechamente allegadas a la casa presidencial, entre amistades, personas de confianza y familiares directos, a quienes beneficiaba en la licitación pública, otorgando la buena pro y la adjudicación de la ejecución de las obras”.
En las investigaciones, sus hermanos Yenifer, Walter y David son acusados de presuntamente recibir las prebendas de dinero, a cambio de conseguir obras aprobadas por el gobierno. En Anguía, Cajamarca, se ubica la casa de la pareja presidencial.
El medio ABC de España informó en agosto que “la primera dama (…) coordinaba los ingresos a Palacio de Gobierno en Lima de los apoderados de las empresas en busca de contratos a nivel nacional y su hermana, Yenifer era quien establecía las reuniones con los alcaldes para ofrecerles proyectos en donde tenían ‘toda la seguridad de tener éxito’ porque es aprobado por su esposo, el mandatario Pedro Castillo”.
¿Tenía prohibición de viaje?
La exprimera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio pasado. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado, Benji Espinoza.
El martes, se comunicó que una sala judicial anuló una orden de comparecencia con restricciones que tenía Paredes, que incluían el pago de una caución y reportarse periódicamente ante la Fiscalía. La decisión judicial de comparecencia se anuló por un “defecto estructural o vicio de motivación insubsanable”, según el tribunal.
“Eso quita a México la posibilidad de justificar asilo político que sólo se otorga a perseguidos políticos”, anotó el abogado penalista César Nakazaki, profesor de la Universidad de Lima.
La hermana de Lilia, Yenifer, a la que Castillo y su esposa criaron como a una hija, no fue incluida en el asilo que dio el gobierno mexicano.
El lunes 19, la fiscal Marita Barreto pidió sin éxito al Poder Judicial que atendiera con celeridad la apelación a una sentencia que permitía viajar a Lilia Paredes.
La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, anunció que el gobierno otorgó un salvoconducto a Lilia Paredes y a sus hijos para ir a México y señaló que informó al gobierno de esa nación que la esposa de Castillo está siendo investigada por un delito común y que no hay “persecución política”.
Gervasi también dijo que pedirá su extradición si las autoridades judiciales lo requieren.
Lilia Paredes abandonó en la madrugada del miércoles Perú con destino a México, país que le concedió asilo.
El Canal N informó que la comitiva partió de la residencia del embajador de México en Lima, Pablo Monroy, acompañada por escoltas y, al llegar al aeropuerto, Paredes fue increpada por varios pasajeros que la llamaron “sinvergüenza”.
El martes, el gobierno peruano declaró persona non grata a Monroy y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” mexicanas.
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