Por José Meléndez
San José.– El abogado colombiano Francisco Barbosa se convirtió en un personaje molesto o desagradable para poderosas fuerzas políticas y criminales en Colombia.
En su puesto de vigía como Fiscal General de Colombia, que asumió el 13 de febrero de 2022, Barbosa se erigió como muro jurídico y protagonizó severos choques con el presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, por negarse a suspender órdenes de captura de personas a las que el mandatario quiso favorecer para insertarles en diálogos de paz con el gobierno.
Desde su búnker en un vistoso edificio gris en la avenida calle 24 de Bogotá, accionó y estorbó a narcotraficantes, guerrilleros izquierdistas, paramilitares derechistas y bandas criminales para impedirles infiltrarse a los beneficios judiciales de las rutas de paz y reconciliación, ganar impunidad, reinsertarse a la sociedad sin pagar sus delitos y disfrutar en libertad de dinero ilícito.
Barbosa se habría transformado así en blanco militar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla comunista de Colombia y de América y que el 3 de este mes inició un cese bilateral del fuego con el gobierno para detener sus acciones ofensivas.
En un sorpresivo reporte sobre una amenaza para interrumpir abruptamente el cuatrienio de Barbosa, la Fiscalía advirtió anteayer que el ELN “realizará un atentado terrorista” contra el Fiscal.
La alerta se basó en “tres fuentes de información”, como una de la inteligencia castrense de las Fuerzas Militares de Colombia, otra de la policía judicial y una propia, aclaró.
“Según la información de estas fuentes”, en julio pasado hubo una reunión en Venezuela entre “cinco altos mandos del ELN”, ya que en ese país “se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores”, agregó.
El ataque sería ejecutado “bajo la coordinación de alias ‘el Rolo’, cabecilla de un frente urbano del ELN”, precisó.
“Se trata de una modalidad que hace parte del modus operandi de los ataques armados de ese grupo, según la información probatoria recaudada por la Fiscalía en las distintas investigaciones”, recalcó.
Las fuentes indicaron que allegados a “el Rolo” tienen “transacciones que sobrepasan” los 750 mil dólares con “flujos de dinero” similares a los que el ELN hizo para un atentado terrorista que admitió que ejecutó contra una escuela policial de Bogotá en enero de 2019 con saldo de 22 muertos, informó.
“Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa”, respondió ayer el ELN en su cuenta de Twitter.
El fiscal “intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando” entre el gobierno y el ELN, acusó.
“No es casual que el 3 de agosto”, al empezar el alto el fuego entre ambos bandos, “la Fiscalía haya lanzado la noticia” de que Nicolás Petro, hijo del presidente, aceptó que recibió dinero del narcotráfico y otros orígenes ilícitos y lo infiltró a la campaña electoral por la presidencia de su padre en 2022.
La noticia de la confesión del primogénito del mandatario eclipsó el inicio del cese del fuego y la del presunto atentado terrorista contra Barbosa estremeció a Colombia, con el ELN en el corazón de una nueva crisis.
“Es gravísimo”, reconoció ayer el politólogo, escritor y exguerrillero izquierdista Otty Patiño, jefe de la comitiva gubernamental en las pláticas con el ELN, que se alzó en armas en 1964. En una entrevista ayer con Blu Radio, de Bogotá, Patiño se refirió al denunciado plan terrorista contra Barbosa y admitió que “también compromete a Venezuela”.
Al reconocer que, si se prueba la culpa del ELN en plan, sería “un duro golpe contra el proceso”, afirmó que “toda hipótesis es grave. Desde el mismo hecho de que esté pasando eso, que se acuse al ELN, que sea cierto, que no sea cierto”.
Tras pedir “serenidad”, anticipó que comprobar la conjura del ELN contra Barbosa evidenciaría que en esa guerrilla hay fuerzas empeñadas en “sabotear el proceso”.
El ELN, que negó las repetidas acusaciones de estar involucrado en narcotráfico y rechazó un calificativo que Estados Unidos le otorgó en 2001 de ser fuerza terrorista global, logró en febrero anterior un éxito cuando Petro le concedió rango “jurídico legal” de “organización política armada rebelde.
Venezuela anunció ayer “una exhaustiva y transparente investigación” para definir “la verdad”.
Sobre el desmentido del ELN, Barbosa respondió que “uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este”.
“Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a (…) atribuirse un hecho”, subrayó, tras reunirse ayer con el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez.
Al negar ser enemigo de la paz, adujo que suspendió 70 órdenes de captura de miembros del ELN y que “si hay un mayor colaborador de la ‘paz total’, con todos los límites que se han puesto y con todas las discusiones que he puesto, ha sido el Fiscal General”.
Petro proclamó que busca firmar la paz con el ELN en 2025, con lo que se llegaría a la pacificación completa luego de que, el gobierno y la ahora disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se sublevó en 1964, suscribieron un pacto en 2016 que puso fin a 52 años de guerra.
La denuncia del intento de asesinar a Barbosa “es de la máxima gravedad”, tuiteó el centroderechista expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998—2002). “El gobierno (de Petro) no puede seguir plegado a los caprichos criminales del ELN”, exigió.
