Genocidio, masacres, ejecuciones extrajudiciales, guerras sucias, detenidos—desaparecidos, torturas, presidio político, esclavitud laboral, trata de personas… las atrocidades contra los derechos humanos desde antes de la primera mitad del siglo XX atormentan la memoria histórica de América Latina y el Caribe.
De Ixil en 1982 y 1983 en Guatemala y El Mozote en 1981 en El Salvador a Mujeres de Juárez en 1993 y Atenco en 2006 en México y Palacio de Justicia en 1985 en Colombia, la historia latinoamericana y caribeña quedó marcada por la represión estatal… y la impunidad.
Al celebrarse ayer el Día Internacional de los Derechos Humanos, el escenario interamericano mostró avances, con castigo significativo a algunos culpables, y retrocesos, por incumplimientos de condenas.
La fecha remite al 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ahonda el debate sobre la falta de sanción en América y su efecto sobre las democracias.
“La impunidad sigue afectando. Nuestros países carecen de suficientes garantías para la independencia de jueces y juezas”, electos en “procesos cuestionables”, alegó la abogada panameña Gisela de León, directora jurídica del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con presencia interamericana.
“No hay suficientes garantías para la seguridad (física) de quienes ejercen la administración de justicia”, en un contexto negativo de “influencias de grupos con poder económico y político” sobre la justicia, explicó De León a EL UNIVERSAL.
“Las víctimas exigen justicia”, indicó.
Líos mexicanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH) responsabilizó en 2009 a México de la desaparición, agresión sexual y muerte en 2001 de las mexicanas Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 20, y le impuso penas legales, morales y económicas.
Los hechos se vinculan con secuestros, violaciones, torturas y asesinatos de centenares de mujeres desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Corte informó que México cumplió parcialmente la condena, pero debe “conducir eficazmente” una causa penal para identificar, procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque a las jóvenes.
En otro proceso, la Corte halló culpable a México en 2018 por tortura sexual y otras violaciones graves a los derechos humanos contra 11 mujeres en un operativo policial en 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.
A tres años del veredicto persiste “la ausencia de un compromiso estatal” que se concrete en “cumplimiento” de la sentencia, denunciaron el (no estatal) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de México, y Cejil.
Al pedir que las instancias “obligadas e involucradas actúen de forma diligente y sostenida”, Prodh y Cejil adujeron, como representantes de las víctimas de Atenco, que la falta de compromisos “ha generado que la mayoría de las medidas ordenadas, tanto individuales como estructurales, no se hayan cumplido e incluso, en algunas de ellas, se evidencie retroceso”.
Ixil y El Mozote
El saldo de las guerras civiles en la segunda mitad del siglo XX en Centroamérica todavía está en rojo.
“El común denominador en Guatemala es la impunidad”, afirmó el abogado guatemalteco Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
Al recordar que la sociedad guatemalteca vivió un conflicto armado interno, de 1960 a 1996, Rodenas dijo a este diario que “en Guatemala hubo genocidio: la intencionalidad del Estado de exterminar a una parte de la población, en este caso a la población indígena por razones políticas y racistas”.
Perpetrado por las fuerzas militares guatemaltecas y comprobado en la búsqueda de la verdad tras la firma, en 1996, de un pacto de paz, el genocidio ocurrió en la comunidad maya de Ixil, en el norte de Guatemala, y causó miles de muertos.
“Nadie ha sido condenado por ese genocidio. Y hubo más de mil masacres” en los 36 años de guerra, lamentó Rodenas.
Un hecho simbólico fue El Mozote. Un batallón élite del Ejército de El Salvador irrumpió el 11 de diciembre de 1981—hace 40 años—a El Mozote, aldea del nororiente salvadoreño, mató a más de mil mujeres y hombres—menores y mayores—y marcó un momento atroz en la guerra civil de ese país, de 1980 a 1992, que está impune.
Con apoyo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, las Fuerzas Armadas de El Salvador desacataron en 2020 una orden judicial para abrir sus archivos secretos.
“Es un momento desalentador para (…) El Mozote y el Estado de derecho en El Salvador”, advirtió Washington Office on Latin America (WOLA), institución no estatal de defensa de derechos humanos en la zona.
“Si bien alcanzar la justicia para los muertos y sobrevivientes de la masacre es importante en sí mismo, (El Mozote) también representa una prueba de la fuerza e independencia del Poder Judicial de El Salvador y los Acuerdos de Paz (de 1992) del país, los cuales han sido severamente socavados bajo Bukele”, agregó, en una declaración que envió a este periódico.
En llamas
Colombia fue declarada culpable en 2014 por la Corte por las graves violaciones de derechos humanos que se registraron en 1985 cuando un comando de una de las guerrillas izquierdistas colombianas se apoderó en Bogotá del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.
La Corte condenó, entre otros factores, la reacción desproporcionada de las fuerzas militares colombianas en el operativo de recuperación del Palacio, que dejó más de 90 muertos y al menos 12 desaparecidos, con torturas y otros abusos en un edificio en llamas y convertido en un escenario desolador.
Con solo una condena en firme contra un militar ahora en retiro, Cejil señaló que más de 36 años después “se desconoce el paradero de algunas de las víctimas desaparecidas y no hay avances claros en la investigación de lo sucedido”.
