Por Víctor Gamboa/Luis Carlos Rodríguez
Con el voto del aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron con 86 votos a favor y 42 en contra del PAN, PRI y MC la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual fue calificado por la oposición como la consolidación de la militarización del país.
En una sesión de 8 horas con 39 minutos, que inició la noche del martes, la aplanadora oficialista avaló por mayoría calificada la reforma constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador la cual modifica los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna y que otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, se establece en el dictamen.
La última reforma impulsada desde Palacio Nacional en este sexenio define a la GN como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Asimismo, se indica que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
La reforma presidencial que empezó de inmediato a discutirse en lo particular incluye que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo en tribuna que esta reforma “constituye el último clavo al féretro de la seguridad civil” y agregó que aunque se niegue esto es militarización: “Cómo lo llamarían ustedes cuando hay más militares patrullando las calles de México que policías?”.
Ricardo Anaya, del PAN, expuso que hasta antes de la militarización en el sexenio de Fox, se cometían alrededor de 60 mil homicidios y con el gobierno de López Obrador vamos a cerrar con más de 200 mil, lo cual es un fracaso.
“31 millones de delitos se cometen al año, ¿saben cuántas detenciones realizó el año pasado la Guardia Nacional?, revisen el último informe, no son mis datos, son datos del último informe de la Guardia Nacional 31 millones de delitos y solamente realizó la Guardia Nacional 3 mil detenciones”, expuso.
Citlalli Hernández, senadora de Morena, argumentó que la reforma no trastoca las garantías individuales de las y los ciudadanos.
“Vale la pena decirlo fuerte y claro, la presente reforma no vulnera, no trastoca, no limita derechos fundamentales del pueblo. La seguridad ciudadana en un Estado garantista como el nuestro, se concibe como la situación social en la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales”.
Omar García Harfuch, senador por Morena y próximo secretario de Seguridad Pública, dijo que la Guardia Nacional “se desarrolla bajo el modelo de cuerpos policiales internacionales exitosos como los Carabineros de Chile, la Gendarmería de Francia, los Carabinieri de Italia y la Guardia Civil de España, porque estas instituciones se desarrollaron y se consolidaron en el seno de sus ministerios de Defensa”.
Lily Téllez, senadora del PAN, dijo que Morena ahora va “por un golpe militar, por la militarización de México, esa militarización que López Obrador y ustedes decían que aborrecían, que repudiaban”, y recordó que fue el Presidente fue quien ordenó a la Guardia Nacional no perseguir y no detener a los delincuentes por un pacto con los criminales.
A sabiendas de que la votación estaba perdida, los senadores de oposición trataron de convencer de última hora a las bancadas oficialistas de que la militarización de la seguridad pública no es el camino para resolver el grave problema de violencia e inseguridad que vive el país.
El senador Marko Cortés, presidente del PAN, aseguró que la militarización no es la solución, sino parte del problema. Remarcó que el del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el sexenio de la muerte y en el sexenio de la sangre, con más de 200 mil personas ejecutadas, por lo que pidió a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que se deje ayudar por Acción Nacional para que pueda resolver este flagelo.
El líder panista advirtió que la Guardia Nacional, que ya está integrada y controlada por militares, ha sido un fracaso y “tiene incendiado al país”.
“Nosotros lo que hoy queremos plantearles es construir entre todos, consensada, una propuesta que nos permita pasar a una policía civil de forma gradual, tal cual como lo consensuamos, pero que se haga con mediciones internacionales”, propuso.
Además, pidió a Morena que se atreva a tipificar el delito de “narco terrorismo” y que no vuelva a comprar o amenazar a senadores para lograr una mayoría calificada que el pueblo no le otorgó.
“Yo lo que hoy quiero pedirle a la bancada mayoritaria de Morena, junto con sus aliados, amigo Adán Augusto y compañeros, no vuelvan a abusar de una mayoría calificada que el pueblo de México no les dio, la adquirieron, la compraron, con dinero o con amenazas. No tendrían cómo poder sacar esta reforma si no hubiesen amedrentado, si no hubiesen perseguido o si no hubiesen comprado senadores de la República”, recalcó.
Aludido por Marko Cortés, el coordinador de los senadores de Morena pidió la palabra, pero se arrepintió a la mera hora: “Pensaba responderle al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular: ‘águila no come mosca’”, expresó.
Javier Corral y Miguel Riquelme se enfrascan en discusión
Los exgobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y Coahuila, Miguel Riquelme, se enfrascaron en dimes y diretes luego de que el priista cuestionó al expanista por cambiar su discurso, ya que -aseguró- cuando era mandatario pidió la salida de Chihuahua de la Guardia Nacional, lo que negó el hoy legislador de Morena.
El político coahuilense aseguró a Corral que el cambio de discurso no le queda, pues pasó del mensaje federalista a justificar la militarización.
Al contraatacar, Javier Corral dijo que Riquelme miente cuando presume que disminuyó los índices delictivos cuando fue gobernador y lo acusó de lograr un control absoluto de los medios de comunicación con publicidad multimillonaria para construirse una imagen falsa de combate eficaz a la delincuencia.
En defensa del dictamen, el expriista Alejandro Murat pidió a los senadores de oposición no confundirse y les propuso complementar “las fortalezas de la disciplina con la formación policial” y aprovechar “lo que ya se demostró en la Ciudad de México: que sí se puede, que sí se pudo y que vamos a poder”.
Morena y sus aliados rechazaron todas las reservas y a las 6 de la mañana con 29 minutos se declaró aprobada la reforma en lo general y en lo particular, por lo que fue enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación.
Reforma a la Guardia Nacional, ¿de qué trata?
La reforma a la Guardia Nacional fue aprobada previamente por diputados el pasado 19 de septiembre. Los cambios constitucionales pretenden consolidar legalmente el mando militar en la institución, un deseo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó desde la creación del cuerpo de seguridad.
La iniciativa forma parte del paquete de 20 reformas constitucionales enviadas por el Mandatario el pasado 5 de febrero, en las que propuso modificar los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución.
La reforma modifica el artículo 21 de la constitución para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y definirla como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Desde su creación en 2019, la institución se planteó con un mando civil en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Sin embargo, se permitió el ingreso de elementos provenientes de las Fuerzas Armadas a través de artículos transitorios
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