Las prioridades de deportación de la administración de Joe Biden fueron confirmadas este viernes por una decisión de la Corte Suprema, en lo que ha sido visto como una victoria para el gobierno. Según la nota de Univisión.com, estas prioridades fueron definidas a finales de septiembre del año pasado, en un memorando interno enviado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Alejandro Mayorkas a los jefes de la totalidad de agencias bajo su mando.

La Corte Suprema, en respuesta a una demanda de Texas y Louisiana, mantuvo este viernes esas prioridades de deportación, enfocadas en aquellos indocumentados que han cometido delitos graves. La Corte determinó que los estados no pueden impugnar decisiones del gobierno federal cuando se trata del manejo de temas federales, como la ley de inmigración.

Según establece el memorando que la Corte dejó en vigor, ser indocumentado “no es la única causa” de deportación del país. El hecho de que alguien sea un inmigrante indocumentado “no debería ser el único fundamento” de la decisión de detenerlo y expulsarlo de Estados Unidos, aclara el documento. “Establecemos prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil para lograr nuestros objetivos de la manera más efectiva con los recursos que tenemos”, añade.

Mayorkas explicó que ” daremos prioridad a la detención y expulsión de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”. El documento permitió al gobierno reforzar las prioridades de deportación que originalmente fueron dictadas en febrero de 2021, enfocadas en aquellos extranjeros que cometen delitos o crímenes graves.

El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos se vio forzado a reiterar los principios migratorios del gobierno tras incidentes que se registraron en el paso fronterizo de Del Río, Texas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo cargaron con fustas en mano contra varios inmigrantes haitianos que cruzaban el río Bravo desde México en busca de asilo.

El gobierno priorizará el arresto y deportación de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, así como aquellos que recientemente cruzaron la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos. El secretario del DHS había instruido a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que no deberían intentar arrestar y deportar a trabajadores agrícolas, ancianos y otras personas vulnerables a la deportación bajo la administración Trump.

Durante el gobierno anterior, el DHS se basó en una severa lista de prioridades de deportación que incluyó a inmigrantes acusados de delitos, incluso si los casos aún no habían sido resueltos por los tribunales. Trump también decretó que la presencia indocumentada constituía una amenaza para la seguridad nacional y pública, y otorgó poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para deportar indocumentados solo por el hecho de no tener permiso de estadía legal en el país. “La pregunta principal es si el no ciudadano representa una amenaza actual para la seguridad pública”, escribió Mayorkas en un memorando de 2022.

Desde que fueron dictadas la primera vez en febrero de 2021 y refrendadas en septiembre de 2022, las prioridades de deportación del gobierno han sido permanentemente observadas. Mayorkas ha dicho que el departamento bajo su mando monitorea el cumplimiento de las pautas dictadas al principio del gobierno de Biden. “Confío en la fuerza laboral de ICE, y confío en el liderazgo de ICE, y tengo confianza en mi propio liderazgo y en los esfuerzos que he hecho para relacionarme con la fuerza laboral de ICE y discutir con ellos estos mismos temas”, precisó en septiembre del año pasado cuando envió el memorando.

Sin embargo, las prioridades de deportación del gobierno fueron demandadas por los estados de Texas y Lousiana, ambos gobernados por republicanos, quienes alegaron que el gobierno había violado la ley de inmigración y que debería detener y deportar a todos los indocumentados con una orden de deportación vigente.

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