Washington.— La Fiscalía de Estados Unidos pidió a un juez que permitiera el registro a la vivienda de Donald Trump en Florida alegando la posible violación de la Ley de Espionaje por parte del expresidente, por sustraer documentos “ultrasecretos” al abandonar la Casa Blanca.
Así consta en la orden de registro y en el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en Mar-a-Lago, que son públicos una vez que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, pidió que dejaran de estar bajo secreto de sumario, algo a lo que el exmandatario accedió.
Los agentes se llevaron una cantidad significativa de documentos clasificados, de acuerdo con la orden judicial divulgada. Entre la documentación requisada figuran 27 cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”.
Entre ellos aparece un documento bajo el título “presidente de Francia” y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.
Un recibo de propiedad abierto por el tribunal muestra que los agentes del FBI se llevaron 11 conjuntos de registros clasificados de la propiedad durante una búsqueda el lunes. El recibo de propiedad es un documento elaborado por agentes federales para especificar qué se llevó durante un allanamiento.
Los registros incautados incluyen algunos que fueron marcados como clasificados y de alto secreto. Los registros judiciales no proporcionaron detalles específicos sobre los documentos o qué información podrían contener.
En la orden figuró lo que el FBI podía requisar: cualquier documento o caja con marcas de “clasificado”, cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump.
También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.
El contenido de la orden y el inventario fueron informados por primera vez por The Wall Street Journal.
Trump mantuvo posesión de los documentos, a pesar de las múltiples solicitudes de agencias, incluidos los Archivos Nacionales, para entregar los registros presidenciales de acuerdo con la ley federal.
La orden de allanamiento de Mar-a-Lago ejecutada el lunes era parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia en torno al descubrimiento de documentos clasificados de la Casa Blanca recuperados de la casa de Trump este año.
Los Archivos Nacionales le habían pedido a la dependencia que investigara después de decir que 15 cajas de archivos que recuperaron de la mansión incluían documentos secretos
El magistrado federal Bruce Reinhart, el mismo que firmó la orden de registro, la abrió y el recibo de propiedad el viernes a pedido del Departamento de Justicia después de que el fiscal general Merrick Garland declarara que había “un interés público sustancial en este asunto”.
En mensajes publicados en su red Truth Social, Trump escribió: “No sólo no me opondré a la publicación de documentos… voy un paso más allá al ANIMAR la publicación inmediata de esos documentos”. El propio Trump ha recibido al menos algunos de los registros que el gobierno buscaba revelar, pero él y sus abogados se han negado, hasta ahora, a hacerlos públicos.
La solicitud del Departamento de Justicia llama la atención porque dichos documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación pendiente, pero el departamento pareció reconocer que su silencio desde la búsqueda había creado un vacío para amargos ataques verbales de Trump y sus aliados, y que el público tenía derecho a estar del lado del FBI sobre lo que provocó la acción del lunes.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a Trump de “instigar los ataques contra las fuerzas del orden” por sus críticas al FBI tras el registro de su casa. Un hombre armado intentó asaltar una oficina del FBI en Cincinnati, Ohio, el jueves. El agresor, que fue abatido a tiros por la policía tras un enfrentamiento, habría publicado en la plataforma de Trump que esperaba que sus acciones sirvieran como un “llamado a las armas”.
Mientras, el juicio por presunto fraude fiscal contra la Organización Trump y contra quien durante muchos años fuera su director financiero, Allen Weisselberg, arrancará el 24 de octubre, según decidió un juez de Nueva York, que rechazó los argumentos con los que los acusados buscaban que se desestimara el caso, indicaron medios locales.
