La Justicia decidió allanar y clausurar el estadio de Nueva Chicago, donde Alberto Fernández realizó un acto masivo este viernes con movimientos sociales, al detectar que el evento no contaba con los permisos habilitantes.
Así lo decidió el juez Alejandro Buján, luego de que la fiscal a cargo, Celsa Ramírez, pidiera horas antes las medidas. “Acaba de firmarlo”, confirmaron a Clarín fuentes judiciales, ya en la noche de este jueves.
Luego del acto multitudinario en el que participó el Presidente y la cúpula del Frente de Todos en el estadio del club Nueva Chicago, en Mataderos, ante más de 40 mil personas y sin ningún tipo de protocolo, la Justicia porteña decidió allanar y clausurar la cancha.
A diferencia de lo sucedido en las canchas de River Plate y Vélez Sarsfield, por partidos de fútbol, la Justicia confirmó que, al margen de los aforos excedidos para los parámetros vigentes de eventos masivos, el acto del Presidente no tenía el permiso habilitante, lo que agrava la situación.
La fiscal Celsa Ramirez, a cargo de la fiscalía especializada en eventos masivos había abierto la investigación de oficio ante el incumplimiento del aforo durante el acto presidencial ocurrido esta tarde. Fue luego el Juez Alejandro Buján quien firmó finalmente la clausura.
El club fue debidamente notificado. Sergio Ramos es el presidente de Nueva Chicago.
“Cabe destacar que según el decreto presidencial, el aforo permitido en estadios es del 50% y que los presidentes de las comisiones directivas de los clubes River y Vélez recibieron imputaciones luego de los partidos disputados el último fin de semana”, señala el comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal.
Y agrega: “Los artículos que se investigan son el 205 y 239 del Código Penal, relativos a la violación de medidas contra las pandemias y resistencia a la autoridad, respectivamente”.
El juez fue más allá al considerar que el acto político en Nueva Chicago, ni siquiera tenía habilitación para realizarse.
Mancha para Alberto Fernández
Las organizaciones sociales que militan dentro del Frente de Todos fueron las encargadas de convocar la movilización, que fue por lejos el acto político más convocante del oficialismo desde diciembre de 2019 y se extendió durante casi cuatro horas.
La muestra de convocatoria de las agrupaciones sociales, como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, afines al Presidente, no obstante, ahora dejan un flanco de irregularidades abiertas a investigación.
Al Presidente lo acompañaron en el escenario los principales referentes de los movimientos sociales, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez. El primero está a cargo de la secretaría de Economía Social que administra el millón de planes de empleo que el Gobierno quiere “reconvertir en trabajo genuino” en acuerdo con los gremios, detalle que explicó la presencia de Gerardo Martínez, de la UOCRA, el primer sindicato en suscribir un acuerdo en esa línea.
En el palco se agolparon dirigentes del sindicalismo oficialista como Hugo Godoy, de ATE; el referente y diputado de la CCC Juan Carlos Alberto; el piquetero Luis D’Elia, de Miles; y el ex ministro de Desarrollo Social y candidato a diputado Daniel Arroyo. También estuvo presente Máximo Kirchner.
Las diferencias con River y Vélez
Hay dos antecedentes cercanos de allanamientos en estadios porteños que superaron la cantidad de aforo permitido en pandemia, aunque en ambos casos hay varias diferencias con lo sucedido en la noche del jueves en Nueva Chicago.
Tanto River Plate como Vélez Sarsfield recibieron inspecciones ordenadas por la Justicia el último lunes. En el caso del club de Nuñez, por la gran cantidad de público excedente en el superclásico ante Boca Juniors; en el de la institución de Liniers, por su partido contra Independiente.
Las autoridades de ambos clubes quedaron imputadas, acusadas de violar dos artículos del Código Penal: el 205, que prevé prisión de seis meses a dos años para quien que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia, y el 239, que propone un castigo de quince días a un año en prisión para el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.
Eso sí, hay una diferencia fundamental entre esos dos eventos y el que se dio en el República de Mataderos. Según informaron fuentes judiciales, el acto de este jueves ni siquiera tenía la habilitación necesaria, más allá del notorio exceso de concurrentes, que no debía superar la mitad de la capacidad habilitada para el estadio.
