Por José Meléndez
San José.– Colombia pidió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) “condenar enérgicamente” a Ecuador por “la entrada ilegal” y “brutal” de fuerzas policiales ecuatorianas el viernes pasado por la noche a la embajada de México en Quito.
La solicitud fue planteada este domingo por la Misión Permanente de Colombia en la OEA en una nota que remitió al diplomático bahamés Chet Donovan Neymour, embajador de Bahamas en ese foro y presidente de turno del Consejo.
Colombia planteó en ese proyecto al Consejo declararse “profundamente consternado por la brutal irrupción perpetrada por la policía del Ecuador a la Embajada de México en ese país la noche del viernes, 5 de abril de 2024, que vulnera las normas básicas de la convivencia internacional”.
También instó al Consejo a “condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra del personal diplomático y las personas que se encontraban en ella”.
Según la propuesta colombiana, el Consejo aprobará “reafirmar la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Bogotá exhortó a Donovan a que “conduzca con prontitud las consultas necesarias con miras a averiguar la conveniencia y, eventualmente, la fecha y la sede de una Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores, en formato híbrido, destinada a abordar como tema único la violación de la sede de la Embajada de México en el Ecuador por parte del Estado ecuatoriano”.
La misión colombiana incluyó en el proyecto “instruir” al secretario general de la OEA, el diplomático uruguayo Luis Almagro, “que transmita esta resolución” al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el diplomático portugués Antonio Guterres.
Asimismo, y sin dar mayores precisiones, llamó al Consejo a “seguir ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias”.
Colombia basó su pedido en una serie de considerandos en torno a convenciones del derecho internacional.
La cita del miércoles sería la segunda que la OEA realizaría esta semana para evaluar la crisis entre México y Ecuador.
A pedido del gobierno ecuatoriano, Donovan convocó este domingo a una sesión extraordinaria para este martes a las 13:00 horas en el centro de México (15:00 horas tiempo de Washington), para debatir sobre el conflicto diplomático que estalló el viernes anterior por la incursión policial ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito.
Ecuador logró que la reunión de este martes será para abordar las “Normas de las Relaciones Diplomáticas y del Asilo”.
Colombia, por su parte, consiguió que la del miércoles será para debatir “Crisis producida por la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México, la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el desconocimiento al derecho de asilo”.
México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador el pasado viernes por la noche, cuando tropas de la Policía Nacional de ese país irrumpieron a la embajada mexicana en Quito, para violar la inmunidad de esa delegación y arrestar al exvicepresidente izquierdista ecuatoriano Jorge Glas Espinel.
En una rueda de prensa este domingo, el gobierno ecuatoriano justificó su acción en que “no es lícito” conceder asilo diplomático a personas condenadas por delitos comunes.
Con el alegato de ser perseguido político, Glas entró el 17 de diciembre de 2023 a la embajada mexicana y luego formalizó ante México una solicitud de asilo diplomático.
México concedió asilo a Glas el viernes anterior, pero Ecuador de inmediato rechazó esa decisión, la calificó como ilícita, reiteró su exigencia de que el gobierno mexicano lo entregara a la justicia y, por la noche, envió fuerzas policiales a la embajada que sacaron al ex vicepresidente y lo arrestaron. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador esa noche.
Durante la permanencia de Glas en la embajada, Ecuador lo desconoció como perseguido político y lo definió como fugitivo de la justicia ecuatoriana.
Glas acumuló dos condenas por delitos comunes de corrupción, ya que fue condenado a 6 años de cárcel en 2017 por asociación ilícita por coimas que involucraron el escándalo mundial de corrupción por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en 10 países de América Latina y el Caribe. En 2020 fue condenado a 8 años de prisión por cohecho.
Aparte de las dos condenas, tiene orden de captura emitida en enero de 2024 por peculado por presuntos manejos irregulares en un caso de reconstrucción por el terremoto que en 2016 azotó a la occidental provincia (estado) ecuatoriana de Manabí.
Glas, vicepresidente de 2013 a 2018, obtuvo libertad condicional en 2022 luego de estar preso desde 2017 a 2022 y pudo unificar las sentencias en 2023 a 8 años y quedar con 24 meses pendientes de purgar.
El ex vicepresidente argumentó ser inocente y sufrir persecución política por ser aliado del prófugo expresidente izquierdista ecuatoriano Rafael Correa, gobernante de 2007 a 2017, condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho y en Bélgica como asilado político.
Ecuador insistió este domingo en que la Convención de Asilo Diplomático de 1954, suscrita en Caracas, determinó que es ilícito conceder asilo por delitos comunes.
Bajo severas medidas policiales y militares, Glas entró el sábado a la cárcel La Roca, en el suroccidental o surcentral puerto de Guayaquil, para ser sometido a proceso judicial.
Enfrentado a una incesante condena internacional por violar la inmunidad de la embajada mexicana, el gobierno del presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, argumentó repetidamente que “ningún delincuente puede ser considerado perseguido político”.
En ese contexto, acusó que hubo abuso “de las inmunidades y privilegios concedidos” a la misión diplomática mexicana al otorgar a Glas “un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional”, por lo que “se ha procedido con su captura”. Quitó argumentó que “defiende la soberanía nacional, sin permitir que nadie tome injerencia en asuntos internos del país” y proclamó una política de “cero” tolerancia con la impunidad.
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