Naciones Unidas, indígenas, ONG y allegados expresaron su indignación por el asesinato en la Amazonia brasileña de Dom Phillips y Bruno Pereira, que vincularon a la impunidad que impera en la región alentada por el presidente Jair Bolsonaro, un impulsor de la explotación comercial de áreas protegidas.
La investigación por la desaparición del reportero británico y el indigenista el 5 de junio dio un vuelco el miércoles con la confesión de uno de los dos detenidos: Amarildo da Costa de Oliveira, que condujo a la policía al lugar donde dijo haber enterrado los cuerpos, cerca de la ciudad de Atalaia do Norte, en la remota región del Valle del Javarí.
La Policía Federal (PF) halló ahí restos humanos, que ayer por la noche llegaron por avión al aeropuerto de Brasilia para su identificación. Dos ataúdes de color marrón fueron descargados por miembros del cuerpo.
Los resultados saldrán la semana que viene, según la prensa local. El caso todavía tiene mucho por esclarecer: el móvil del crimen, las circunstancias de la muerte, al parecer con arma de fuego, el papel exacto que tuvieron los dos detenidos, Amarildo y su hermano Oseney, y sus eventuales cómplices y jefes.
Bolsonaro reaccionó a las muertes con un tuit: “Nuestras condolencias a los familiares y que Dios conforte el corazón de todos”. En los últimos días, causó indignación al asegurar que la incursión de Phillips y Pereira era una “aventura no recomendable” y que el reportero era “mal visto” en la región por su labor informativa sobre las actividades ilegales.
La Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javarí (Univaja), cuyos miembros participaron activamente en las búsquedas, calificó de “crimen político” el asesinato al considerar que eran “defensores de los derechos humanos”.
