Pese a la intención del Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro, de impulsar y avalar la iniciativa de despenalizar el incesto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, expuso su preocupación por algunos de los apartados. Durante la audiencia en la Cámara de Representantes, la delegada María Mercedes López aseguró que son dos puntos los que afectan la razón de ser de la entidad.
“El primero de ellos es el tipo penal del incesto, que dicen que solamente regula aquella conducta ‘consensuada’ y que solo opera para adultos, lo que no es cierto. La comisión de este delito también puede afectar a los adolescentes entre los 14 y 17 años, que están en pleno crecimiento y formación sexual”, añadió la delegada.
Los puntos son dos tipos de delitos actuales que el proyecto quiere destipificar, para orientarse en favor de una política carcelaria más restaurativa que punitiva. Respecto al primer delito la funcionaria mencionó, “al pensar que se va a discriminalizar, lo deja abierto, sin protección, y estamos hablando de menores de edad que requieren de una protección constitucional superior”.
Otro de los elementos que cuestionó fue el tema del consentimiento respecto a los casos de incesto. “Hay casos de aparente consensualidad, pero que realmente son el producto de formas de abuso soterrado, y que se previenen justamente con tipos penales como el incesto. ¿Cómo podría uno decir que es consensuada la relación entre un adolescente con su abuelo o con su padre? Figuras que como cumplen un rol importantísimo en el crecimiento del ser humano, sobretodo de autoridad”.
También se refirió a si se quita el carácter punitivo a la práctica del incesto, ya que esto tendría un efecto representativo en la intención de enfrentar el hacinamiento carcelario. “Actualmente, con corte al 22 de septiembre del 2022, en las cárceles de nuestro país tenemos condenados solo a 25 ciudadanos por ese delito. ¿Será que 25 personas afuera de la cárcel impacta favorablemente la descongestión carcelaria?”, planteó María Mercedes López.
La segunda inquietud del ICBF, está relacionada con la despenalización del delito de instancia alimentaria, el cual se centra en incumplir el dar alimentos a quienes por ley tengan este derecho, “entre quienes están, los hijos, cónyuge, padres, nietos, hermanos”. Frente a este particular indicó la delegada que “es una de las herramientas que está a la orden del día de nuestros defensores de familia, cuando se trata de adelantar los procesos de restablecimiento del derecho”.
Previo a la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ministerio del Interior Alfonso Prada hizo una defensa del proyecto y respondió a críticas relacionadas con la destipificación de delitos. “No penalizarlas, no tipificarlas con consecuencia punitiva intramural, no significa que estemos reforzando el quehacer de esa conducta. Para nada”, declaró en audiencia.
Cuando finalice ese punto de escucha, de las audiencias públicas convocadas por distintos sectores, el proyecto pasará a su primer debate. Como este se presentó con mensaje de urgencia, la primera discusión se realizará conjuntamente entre la Comisión Primera de Cámara y el Senado de la República. Después de este proceso pasará a plenarias.
La propuesta generada menciona que: “El bien jurídico cuya protección se pretende proteger es la familia o, dicho de otro modo, la idea de una familia conformada con arreglo de las normas jurídicas y siguiendo la idea de una moralidad pública que recoge el derecho”.
En este sentido se entiende que la idea de familia que define la pena es doble, ya que por un lado se pretende que quienes ya son familiares no puedan tener relaciones de tipo sexual y por otro, que quienes van a conformar una familia o van a adentrarse en relaciones sexo sentimentales, no sean parientes.
Por ello la cartera de la Justicia replanteó si el derecho penal es la menor manera de lograr desincentivar esa práctica y transmitir el mensaje de que ese tipo de comportamientos no gozan con la aceptación social.
En relación a la iniciativa jurídica el ministro Nelson Osuna habló con Revista Semana y aseguró. “Yo sé que moralmente puede ser muy repudiable pensar en que uno tenga sexo con un pariente, una hermana, un hermano. Pero ¿tiene algún sentido meter a la cárcel a dos primos, ambos adultos? Ese ejercicio nos va a servir para hacer un límite entre la moral y el derecho”. Agregó ‘’No todo lo que es inmoral es delito, ni todo delito es inmoral’’.
Esta iniciativa continúa generando debate entre varios sectores sociales, y ahora las menciones de la directora del ICBF se suman a las que hasta el momento se resisten a la posibilidad de integrantes de una familia puedan relacionarse a un nivel sexual.
