El decreto presidencial, por el que se determina que las obras de infraestructura de este gobierno serán consideradas de seguridad nacional podría poner en grave riesgo los vestigios arqueológicos y paleontológicos que existen en las zonas en donde se desarrollan el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, advierte Bolfy Cottom, experto en legislación del patrimonio cultural.
Además del decreto, Andrés Manuel López Obrador envió el pasado martes una carta a los funcionarios públicos para informar que emitirá un decreto relacionado con la protección patrimonial y amagó con “señalar públicamente” a quienes incurran en prácticas “ilegales e inmorales” como dañar, descuidar, sustraer o vender cualquier bien nacional.
En este sentido, Cottom, señala: “La carta me parece que tiene una buena intención, pero me inquieta que por un lado esté preocupado por el tema cultural, pero por otro lado declare de interés público y de seguridad nacional obras como el Tren Maya y el aeropuerto en donde hay una enorme cantidad de vestigios arqueológicos que requieren mucho tiempo para poder estudiarlos y, en su caso, otorgar permisos y autorizaciones”.
El decreto, agrega, atenta además contra con el Artículo Primero de la Constitución, que se refiere a los derechos humanos, y contra el Artículo Cuarto, que hace referencia a los derechos culturales, entre ellos, la preservación del patrimonio nacional.
“Si una obra se declara como de seguridad nacional, no hay manera de reclamar que se cumplan con plazos para proteger bienes arqueológicos y bienes paleontológicos. Y es que la obligación de las instituciones es otorgar permisos provisionales en los siguientes cinco días, de modo que va en contra de las disposiciones de la Ley de Sitios y Monumentos, la Ley Orgánica del INAH; me parece que también pasaría por encima de las leyes que regulan los derechos culturales”, señala el especialista.
Cottom refiere que los trabajos de rescate arqueológico, y más lo de salvamento, tienen una temporalidad que necesariamente tienen que agotarse en proyectos de investigación. “No se pueden estar otorgando permisos provisionales porque si lo hacen, habrán acabado con la evidencia arqueológica y no habrá nada qué hacer”, dice.
Respecto a la carta del primer mandatario, añade: “Llama la atención que diga que quien trafica es corrupto, pero son más bien delincuentes, es así de simple. Y llama la atención que va a publicar un decreto para explicar los ordenamientos jurídicos que se violan cuando se actúa de manera deshonesta.
Creo que lo se tienen que hacer, simple y sencillamente, es aplicar la ley. Si lanzan una campaña conjunta de todas las instituciones desde Cultura hasta la Función Pública, sería extraordinaria, pero publicar un decreto para decir qué leyes se violan, pues hablamos más bien un estilo del presidente, de un protagonismo”.
En todo caso, dice, lo que se tendría que fortalecer la cultura de la denuncia, establecer acuerdos fiscalías, hacer seguimiento, fortalecer a las instituciones. “El tema no es sólo punitivo, pues las leyes tienen penas cada vez más duras, la pregunta es por qué no se aplican. Publicar un decreto para que se cumpla la ley es ocioso. Lo que sí está bien es que haya una manifestación del Ejecutivo en este tema”.
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