Una demanda presentada contra las Escuelas Públicas de Becker (ISD 726) afirma que una política del distrito aprobada esta primavera viola la disposición de libertad de expresión de la constitución estatal contra los educadores. En un comunicado de prensa, Education Minnesota anunció que la filial local de la organización, Becker Education Association, presentó la demanda.
Según Education Minnesota, la demanda argumenta que un plan aprobado por la Junta Escolar de Becker el 2 de mayo “viola la disposición de libertad de expresión de la constitución estatal y varias leyes estatales”, informó Canal 5 ABC. El plan de comunicaciones del distrito que fue aprobado en mayo. Los componentes clave del plan incluyen, “… los mensajes deben posicionar a las Escuelas Públicas de Becker como un distrito escolar colaborativo y ‘centrado en la comunidad’…” y “la comunicación interna debe ser positiva y una prioridad”.
Otro componente clave prohíbe a los empleados hacer declaraciones “a los medios, individuos o entidades fuera del Distrito en relación con asuntos estudiantiles o de personal…” Durante la reunión de la Junta Escolar de mayo, los líderes del distrito explicaron que la directriz fue diseñada para proteger al personal de sentirse obligado a hablar. a la prensa después de recibir una solicitud de los medios. El plan también describe las audiencias objetivo, un plan de relaciones con los medios y logotipos y colores escolares aprobados.
Proporciona a la facultad y al personal una firma de correo electrónico estándar para usar, que según la demanda “tiene la intención de impedir que el personal incluya sus pronombres en su firma”. Educación La presidenta de Minnesota, Denise Specht, cree que, en general, el nuevo plan es demasiado amplio. “Además de infringir la libertad de expresión y afectar las condiciones de trabajo de los maestros, realmente impide que los educadores hagan cosas como informar obligatoriamente sobre el abuso y el maltrato infantil, informar a través de la Ley de Denunciantes de malversación si lo ven en el distrito, informar la salud y preocupaciones de seguridad de OSHA, de denunciar violaciones de derechos humanos”, dijo la presidenta de Education Minnesota, Denise Specht.
Un escrito complementario presentado el jueves también argumenta: “La Junta no persiguió la creación de dicho plan hasta después de una estridente sesión de trabajo en la que las personas participaron en el acto expresivo de oponerse al discurso homofóbico, y después de que los miembros del sindicato hablaron sobre asuntos de interés público. preocupación, es decir, la seguridad de los estudiantes, y fueron citados en informes de los medios sobre el entorno para los estudiantes LGBTQ+ y BIPOC en Becker”.
El superintendente de las Escuelas Públicas de Becker, Jeremy Schmidt, rechazó nuestra solicitud de entrevista, pero emitió la siguiente declaración en respuesta a la demanda:
“Hemos sido informados de presentaciones judiciales recientes en relación con una acción legal que impugna ciertos aspectos del nuevo plan de comunicación del Distrito Escolar. No estamos de acuerdo con los reclamos y afirmaciones que se hacen en esos documentos y creemos que la demanda malinterpreta el propósito y el efecto del lenguaje en el plan del Distrito Escolar. Debido a que el sistema judicial es el foro más apropiado para abordar estos problemas, el Distrito Escolar responderá a través de los procedimientos legales ante el Tribunal”.
Specht llama inaceptables las políticas impuestas por la junta escolar. “Los educadores deberían poder decir la verdad sobre lo que está sucediendo en sus escuelas a los padres y al resto de sus comunidades”, se lee en un comunicado de Specht. “Esta orden de mordaza y políticas similares son inaceptables. Nuestro sindicato los resistirá en todas partes”.
Los maestros tienen derecho a hablar sobre asuntos controvertidos, según la profesora de derecho y ética de los medios de comunicación de la Universidad de Minnesota, Jane Kirtley. Como entidad gubernamental, el distrito escolar está sujeto a la Primera Enmienda. “Debido a que son una entidad gubernamental, tienen la obligación de no obstaculizar el discurso público legítimo y deben recordar que los maestros tienen derecho a entablar conversaciones y debatir sobre temas públicos importantes”, dijo. “Una empresa privada, como 3M por ejemplo, no estaría sujeta a la Primera Enmienda”.
Hay límites a la Primera Enmienda. Kirtley explicó, por ejemplo, que la obscenidad no está protegida. Además, dijo Kirtley, “Existe alguna autoridad de 2006 que dice que los empleados del gobierno no tienen los mismos derechos que el público en general cuando básicamente cumplen con su trabajo. En la medida en que se intente lidiar con lo que dirían los maestros en el aula, podría haber alguna autoridad para que se imponga este tipo de restricciones al discurso. Digo ‘podría’ porque aquí hay un problema de contrapeso que es la libertad académica. Incluso los maestros de K a 12, no solo los profesores universitarios, tienen libertad académica hasta cierto punto”.
Cualquier restricción al discurso tiene que ser estrecha y específica, según Kirtley. “Una de las cosas que es tan complicada acerca de este tipo de restricciones es que realmente son hechos específicos y podría imaginar una situación en la que un tribunal que examina la sustancia de esto en el futuro puede confirmar parte de ella y anular otras partes como inconstitucional”, dijo.
