Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní, en un momento en el que prepara represalias después de que un ataque, atribuido a milicias respaldadas por Irán, matara a tres estadounidenses en Jordania.
Las sanciones afectan a seis personas y cinco empresas, radicadas principalmente en Irán o Hong Kong.
A los primeros les acusa de llevar a cabo una serie de ciberataques en Estados Unidos y otros países, y a los segundos de suministrar a Irán los componentes que necesita para construir drones, según dos comunicados de prensa del Departamento del Tesoro.
Estas personas y compañías están acusadas de mantener vínculos con la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica.
En cuanto a los ciberataques, las sanciones afectan a seis directivos del “comando ciber electrónico” de la Guardia Revolucionaria, acusados de haber tomado como blanco un hospital infantil de Boston (noreste de Estados Unidos), así como intereses de varios países europeos e Israel en 2021.
“El ataque deliberado a infraestructuras críticas por parte de ciberactores iraníes es un acto inaceptable y peligroso. Estados Unidos no tolerará estas acciones y utilizará todas las herramientas a su disposición para que los responsables rindan cuentas”, afirmó Brian Nelson, secretario del Tesoro para Inteligencia Económica y Terrorismo, citado en el comunicado.
EEUU acusa a empresas chinas de dar equipo a Irán para construir drones
En lo concerniente a la producción de drones Shahed, las sanciones estadounidenses van dirigidas sobre todo contra empresas chinas con sede en Hong Kong.
Se les acusa de haber proporcionado equipos a empresas y personas que ya eran objeto de sanciones estadounidenses.
También sanciona a una empresa china sospechosa de pertenecer a la Guardia Revolucionaria y acusada de haber vendido materias primas iraníes por valor de cientos de millones de dólares en nombre del grupo, la China Oil and Petroleum Company.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
