El gobierno de Estados Unidos prohibió el martes la entrada al país de los miembros del gobierno de Nicaragua “encabezados por el presidente Daniel Ortega y su cónyuge y vicepresidenta Rosario Murillo”, por considerar que sus acciones “socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia” en el país centroamericano.
La disposición consta en una declaración firmada por el presidente Joe Biden, en la cual fustigó “la represión del gobierno de Ortega contra los líderes de la oposición, los líderes de la sociedad civil y los periodistas” previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de noviembre pasado.
“Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a los Estados Unidos a actuar”, señaló Biden en el documento, tras indicar que toma estas medidas en vista de “la importancia para los Estados Unidos de fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua” y “dada la supresión de los derechos humanos y la democracia” en esa nación.
Mientras, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en su testimonio ante el Congreso el martes abogó por retirar el financiamiento externo al gobierno de Ortega, en el marco la ley RENACER firmada por Biden la semana pasada. “Como parte de la ley RENACER, deberíamos buscar formas de evitar que Nicaragua obtenga recursos de las instituciones financieras internacionales, fondos que inevitablemente irían a su gobierno corrupto”, afirmó Nichols.
Poco antes, desde Managua, el Parlamento dominado por el gobernante Frente Sandinista instó a Ortega a que denuncie (declare inválida) la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que daría inicio a un proceso para retirar al país del organismo hemisférico. En una declaración aprobada en plenario por una amplia mayoría de 83 votos, el Congreso unicameral solicitó a Ortega “que denuncie la Carta de la OEA, siguiendo el mecanismo estipulado en el Artículo 143 de instrumento”.
Los diputados nicaragüenses reaccionaron así a una resolución aprobada por la OEA la semana pasada, en la cual 25 países desconocieron los resultados de las pasadas elecciones. El Parlamento calificó la resolución como “irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios” bajo los cuales se constituyó la OEA, entre ellos “el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
“Estamos contentos, celebrando esta declaración que ratifica nuestra soberanía”, dijo minutos después Murillo a la televisión estatal. Agregó que el texto del Parlamento “insta a denunciar la Carta de la OEA y a renunciar, en consecuencia, a la permanencia en una organización que no respeta ni sus propios instrumentos fundacionales y solo sirve a los intereses del imperio norteamericano”.
La prohibición de ingreso afecta también a legisladores, alcaldes y miembros de su gabinete a los que Estados Unidos acusa de haber “violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos”, así como serie de altos funcionarios de la policía, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, del poder judicial y del Ministerio del Interior.
Además, figuran otras personas que contribuyeron a los hechos denunciados por Washington.
Las esposas e hijos de los sancionados también tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.
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