Washington.— El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el viernes una orden que cambia la manera en que el ejército del país investiga los casos de agresión sexual al trasladar el poder de comandantes de unidad a fiscales independientes.
La orden ejecutiva, publicada por la Casa Blanca, puso fin a años de presión por parte de los defensores de las víctimas para garantizar una mejor rendición de cuentas dentro de las filas, a pesar de la resistencia al cambio de los altos mandos militares. El Congreso aprobó una ley que exigía el cambio en 2021.
La enmienda, en palabras de Biden, representa “la transformación más importante” en la materia estadounidense desde su comienzo, en 1950, y un “punto de inflexión” para supervivientes del trauma de abuso sexual al desvincular sus casos de las decisiones de la cadena de mando, un obstáculo en innumerables ocasiones a la hora de denunciar su situación.
La orden, publicada por la Casa Blanca, puso fin a años de presión por parte de los defensores de personas agraviadas para garantizar una mejor rendición de cuentas dentro de las filas, a pesar de la resistencia al cambio de los altos mandos militares.
El Congreso aprobó una ley que exigía el cambio en 2021. Desde entonces, el Departamento de Defensa ha tenido un plazo de dos años para constituir las llamadas Oficinas de la Abogacía de Juicios Especiales, compuestas por estos fiscales que decidirán, en lugar de los comandantes, si acaban iniciando un proceso judicial para esta clase de delitos, tanto en el ámbito estrictamente militar como en la vía civil.
Entre los poderes que ahora recaen exclusivamente en estos fiscales estará decidir si presentar o no cargos por delitos graves. La labor de estos defensores contribuirá, según la Casa Blanca, a “reducir también las disparidades en las sentencias de casos de violación y abuso sexual”.
Según los datos más recientes del Pentágono, hubo 8 mil 942 informes de agresiones sexuales que involucran personal militar en 2022, ligeramente por encima del año anterior. Del número total reportado, los comandantes tenían autoridad suficiente para considerar acciones legales en sólo 3 mil 188 casos, según las cifras oficiales.
