San José.– Argentina definirá este domingo el mapa político de los comicios presidenciales de octubre próximo que marcarán el 40 aniversario del final de una de las dictaduras militares derechistas más tenebrosas en la historia de América y del paulatino retorno a la democracia, pero con los argentinos atrapados en 2023 en deterioro social y económico—más de 17 millones en pobreza—y creciente inseguridad.
Con unos 35 millones 912 mil electores en un país de unos 44 millones de habitantes, Argentina acudirá a las urnas para una contienda conocida como PASO—Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias—en la que los partidos políticos definirán su lista de candidatos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados para las elecciones generales del próximo 22 de octubre.
La pugna por la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina, se empezar a dirimir este domingo con 26 precandidatos presidenciales de 15 partidos, alianzas y otras coaliciones. El vencedor en la batalla de octubre asumirá por cuatro a partir del próximo 10 de diciembre, para reemplazar al izquierdista Alberto Fernández.
En la jornada competirán los aspirantes a 130 de los 257 escaños de la Cámara y a 24 de las 72 bancas del Senado que estarán en juego en octubre.
El actual proceso tendrá la peculiaridad de que, el 10 de diciembre de 2023, Argentina cumplirá 40 años del restablecimiento progresivo de la democracia luego de que, a partir del 24 de marzo de 1976, el país cayó en una dictadura militar derechista que se acopló con regímenes de ideologías similares en Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay.
Con una intensa represión política, la dictadura militar dejó abiertas unas heridas sociales todavía pendientes de resolver, como los casos de las aproximadamente 30 mil personas detenidas y desaparecidas por sospechas de ser de izquierda y las secuelas de adopciones ilícitas, desintegración familiar y conmoción institucional.
La administración de Fernández quedó enmarcada en un rígido escenario financiero por una deuda de unos 44 mil millones de dólares que el gobierno de su predecesor, el centroderechista Mauricio Macri, de 2015 a 2019, asumió en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyo pago, vencimientos y atención de intereses repercutieron con severidad.
“Mi país si está mal, pero no tan grave como cuando estaba Macri”, aseguró la argentina Elena Reynaga, presidenta de la (no estatal) Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.
“Está mal por la herencia que Macri nos dejó de millones y millones de dólares que le pidió al Fondo. Por eso estamos mal económicamente. ¿Se entiende? En democracia nunca estaremos tan bien y espero que sigamos tan bien. El gobierno (de Fernández) no es perfecto, como no lo es ninguno”, planteó Reynaga.
“Tengo la esperanza de que mi pueblo tenga memoria de esos cuatro años que tuvimos con Macri y que fueron terribles”, alegó, al destacar que, en la gestión de Fernández, fueron aprobados el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo, el aborto legal y gratuito y la identidad de género.
“Eso jamás lo íbamos a tener con la derecha. La derecha está en contra de todo lo que tenga que ver con poblaciones vulnerables y obviamente en contra del pueblo y el pueblo pobre es el mayoritario”, afirmó.
Las cifras del gobierno de Fernández reconfirmaron que hay mayorías en diversos rangos de miseria. Un reporte oficial publicado el 4 de este mes mostró que la pobreza aumentó de 34,3% de la población—unos 14 millones 960 mil argentinos—en el primer semestre de 2022 a 38,7%—unos 17 millones 28 mil argentinos—en el primer semestre de 2023.
El aumento entre ambos periodos fue de más de dos millones y de más de cuatro puntos, de acuerdo con los registros.
Un ingrediente económico explosivo fue la inflación, con pronósticos variados de que, al cierre de 2023, oscilará entre 116% y 130%, y afianzará 12 meses de contantes incrementos después que en 2022 llegó al 94%. A la caldera se sumó la devaluación del peso argentino, que cerró 2022 en 177,13 por dólar y llegaría a unos 398 en diciembre venidero, para una caída de aproximadamente 125%.
Pero la situación podría agravarse más en 2024, con advertencias de que la cotización de la moneda estadounidense frente a la argentina sería de unos 862 pesos por dólar y completaría un desplome de 387% en dos años. Con este cóctel de números, la pobreza seguiría añadiendo más estratos poblaciones.
El periódico La Nación, uno de los más importantes de Argentina, publicó el 5 de este mes que “es imposible que el gobierno oculte la foto más dramática antes de las PASO: hay más pobres que hace un año y la cantidad de niños con hambre crece”.
Al contrastar que, el gobierno reafirmó que en Argentina “no hay hambre” y minimizó “el impacto de la pobreza” en la población de menor edad, el rotativo alegó que los datos oficiales “procesados por investigadores privados” comprobaron que unos 100 mil niñas, niños y adolescentes “cayeron en la indigencia en un año”.
“Esto implica un trago complicado para el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa”, anticipó.
La candidatura de fórmula izquierdista y oficialista o gubernamental Unión por la Patria será disputada por Massa, Agustín Rossi, jefe de gabinete del gobierno, Juan Grabois, dirigente social, y Paula Abal Medina, socióloga de profesión.
Por la aspiración presidencial de la derechista alianza opositora Juntos por el Cambio compiten Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, Luis Petri, diputado Cámara, Horacio Rodríguez, alcalde de Buenos Aires, y Gerardo Morales, gobernador de la norteña provincia (estado) de Jujuy.
En el abanico de ofertas entraron otros 18 competidores de diversas ideologías y fuerzas partidistas, en una pelea en las urnas que fue ensangrentada por tres asesinatos que conmovieron a Argentina, en particular el de Morena Domínguez, de 11 años.
La niña fue asesinada por dos hombres en motocicleta, ya detenidos, que la arrastraron por el pavimento para robarle sus pertenencias cuando se dirigía a la escuela y la golpearon en la cabeza, en un ataque que le causó un paro cardiorrespiratorio.
La muerte de la niña sacudió la campaña electoral. Argentina contabilizó una tasa de 4,2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2022, que fue 7,2 % menor a la de 2021.
En una receta política similar a la seguida por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador o Perú para enfrentar al narcotráfico, el gobierno de Argentina ordenó militarizar la seguridad pública en diferentes zonas.
La crisis por el contrabando de drogas en Argentina se agravó en el siglo XXI, pero rompió fronteras por un sorpresivo hecho que alteró la madrugada del 2 de marzo anterior en la norcentral ciudad argentina de Rosario: un ataque de dos pandilleros en motocicleta a un comercio de los suegros del futbolista argentino Lionel Messi.
Los atacantes dispararon 14 veces contra el supermercado Único, de los argentinos José Roccuzzo y Patricia Blanco—progenitores de Antonela, esposa del jugador—, y dejaron una amenaza en un mensaje en un papel dirigido al jugador que, entre otras cosas en referencia al “narco”, advirtió: “Messi te estamos esperando”.
Aunque las alarmas por la incursión de las mafias de drogas ilícitas resonaron en los últimos 20 años en Rosario y otros sitios de ese país, la sola mención de Messi y el asedio a sus suegros provocaron que los focos de atención política, militar, policial, judicial, gubernamental, legislativa y federal se concentraran sobre esa ciudad, donde nacieron el futbolista y su esposa.
Pero la mancha de la violencia aparenta irse expandiendo, en días de otro juego—el electoral—que va más allá del futbol, la pasión social de Argentina.
