Lima.— El Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), solicitado por la Justicia del país andino por delitos de corrupción, informó ayer la Fiscalía de Perú.
“La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique, por los delitos de colusión y lavado de activos”, detalló la Fiscalía en Twitter.
El Ministerio Público agregó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación “viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición”. Al respecto, el exprocurador anticorrupción Ivan Meini declaró en la emisora RPP que la entrega de Toledo a Perú “debería ser inminente, porque ya no hay más recursos que interponer y el procedimiento de extradición ya terminó, se agotó”.
“Lo que debería suceder en las próximas horas o días es que los gobiernos se pongan de acuerdo en la forma cómo articular el regreso de Toledo a Perú”, acotó.
Consideró, además, que “es probable” que la Fiscalía peruana pida que el exmandatario sea enviado a prisión preventiva mientras es procesado y que cumpla su arresto en el penal construido en una base policial de Lima donde también están presos los exgobernantes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).
Toledo es acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente.
En concreto, el exmandatario ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú. El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de Covid-19.
Castillo pide ayuda a la CIDH
En tanto, el expresidente Pedro Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su “inmediata libertad” y restitución como mandatario del país andino, informó ayer su exministro de Defensa Walter Ayala.
“Ante la demora injustificada del Poder Judicial en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente Constitucional del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrá novedades”, escribió en Twitter Ayala, quien, según diversos medios locales, asumió la defensa legal de Castillo.
El exmandatario, que ganó las elecciones presidenciales de 2021, cumple 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión tras su fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado. En su lugar, asumió por sucesión constitucional la vicepresidenta Dina Boluarte, lo que motivó un estallido de protestas.
