San José.– Los poderes Judicial y Legislativo estrecharon ayer el cerco jurídico y político sobre el cada vez más debilitado presidente de Perú, Pedro Castillo, a solo un año y una semana del primer año de su atribulado gobierno de 60 meses y en un país sumido en una avalancha de versiones de todo tipo sobre el futuro inmediato del gobernante.
El Congreso de Perú negó ayer permiso a Castillo para que viaje de mañana al lunes próximo a Bogotá a la toma de posesión, el domingo, de Gustavo Petro como presidente de Colombia.
Por ser indagado en una acusación en su contra por “lavado” de dinero y tráfico de influencias, Castillo fue obligado por la Fiscalía de la Nación a comparecer ayer ante esa instancia judicial en vez declarar en Palacio de Gobierno.
“No soy parte de ninguna red criminal”, alegó el mandatario al salir de la Fiscalía. “Voy a demostrar en cualquier espacio (…) mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado y no lo haré”, recalcó.
La situación del presidente se complicó luego de que el abogado Aníbal Torres dimitió el pasado miércoles como primer ministro y se convirtió en la cuarta persona en salir de ese cargo desde que Castillo, educador y dirigente magisterial, asumió el 28 de julio de 2021.
Según informes oficiales, Castillo deberá anunciar hoy su quinto gabinete y al sucesor de Torres, que tendrá que ser ratificado o rechazado por el Congreso.
La situación del equipo ministerial de las últimas 48 horas fue una prolongación del primer año de gobierno, caracterizado por una profunda inestabilidad del gabinete y en medio de acusaciones judiciales contra Castillo por varios casos.
El presidente está acusado de los supuestos delitos de presunto encubrimiento, plagio de su tesis, ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas de Perú y organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Castillo ganó, en noviembre y en marzo, dos procesos de vacancia o sustitución en el Congreso por “incapacidad moral”.
El agravamiento esta semana de la crisis política atizó versiones extraoficiales, que EL UNIVERSAL tampoco pudo confirmar de forma independiente, acerca de que Castillo estaría gestionando asilarse en México.
La diputada peruana Patricia Chirinos, del opositor partido Avanza País, declaró en una entrevista con el Canal N, de Perú, que “él (Castillo) sabe lo que se le viene. Hay rumores de que el presidente está buscando asilo político”.
Castillo “sabe” que, si la Fiscalía “continúa investigando, va ir preso”, añadió Chirinos.
La alerta de que Castillo se asilaría en México ganó fuerza luego de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, llegó el miércoles anterior a Lima y se reunió con el presidente en Palacio.
Según datos oficiales, Ebrard evaluó con Castillo crear una alianza de México, Perú, Argentina, Bolivia y Chile para producir litio, apetecido metal del que los cinco países tienen 85% de reservas mundiales. Ebrard pernoctó en Lima y ayer viajó a Bolivia a hablar sobre litio con el gobierno boliviano.
Los nexos de México y Perú sufrieron un acercamiento en diciembre de 2021, cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que, a solicitud de Castillo, envió una comitiva de su gobierno a Lima a ayudarle a su colega peruano a sofocar una campaña mediática y las amenazas legislativas de destitución.
Pero los nexos registraron un vuelco en febrero de 2022, cuando Lima protestó ante México por unas declaraciones ese mes de López Obrador en las que cuestionó al “conservadurismo” en Perú.
En declaraciones a medios, el excanciller Luis Gonzales Posada acusó a Castillo de “engañar” al gobierno de México al solicitarle ayuda, y coincidió en que podría estar evaluando solicitar asilo a México. “López Obrador ha enviado a su canciller. No sabemos qué conversaron; pero se abren todas las posibilidades: desde un apoyo público hasta un pedido de asilo político”, dijo
