ST. PAUL, Minnesota — El fiscal general de Minnesota anunció que su oficina no aplicará las leyes federales de inmigración, en medio de la ofensiva del presidente Trump contra la inmigración, se lee en CBS News.
El anuncio se realizó un día después de que el Departamento de Justicia amenazara con procesar a funcionarios estatales y locales que obstruyan o se nieguen a cumplir con las políticas de inmigración del presidente Trump.
Keith Ellison, junto con casi una docena de fiscales generales estatales, emitió una declaración en respuesta al memorando del fiscal general adjunto interino Emil Bove. En este, se advertía que los funcionarios estatales y locales que obstruyan o rechacen cooperar con la aplicación de leyes federales de inmigración podrían ser investigados y enfrentarse a un posible enjuiciamiento.
“El presidente ha hecho amenazas preocupantes para usar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como una herramienta para atacar a servidores públicos que cumplen con las leyes de sus estados, interfiriendo con su capacidad para generar confianza con las comunidades que sirven y protegen”, escribieron los fiscales generales en un comunicado conjunto.
La coalición citó la Constitución de los Estados Unidos y precedentes de la Corte Suprema, que impiden que el gobierno federal obligue a los estados a hacer cumplir las leyes federales. En particular, señalaron el caso Printz v. United States, que establece que las legislaturas estatales no están sujetas a instrucciones del gobierno federal.
“Este equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados es un pilar de nuestro sistema estadounidense de federalismo”, afirmó el comunicado.
El grupo prometió continuar investigando y procesando delitos “independientemente del estatus migratorio,” diciendo que su responsabilidad es hacer cumplir las leyes estatales.
“Por ahora, estas amenazas vagas no son más que palabras vacías. Pero tengan la seguridad de que nuestros estados no dudarán en responder si estas amenazas se convierten en acciones ilegales”, escribieron. “No nos distraeremos con la agenda de deportaciones masivas del presidente.”
Aunque un proyecto de ley para convertir a Minnesota en un estado santuario fracasó en 2024, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aún considera a los condados de Anoka, Hennepin, Dakota y Ramsey como “condados santuario.” Esto se debe a su negativa de retener a no ciudadanos bajo órdenes de detención para que ICE pueda intervenir.
Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin declaró a WCCO que no participan en la aplicación de leyes de inmigración, ya que esa es una responsabilidad del gobierno federal.
En Minneapolis, una “ordenanza de separación” restringe a los empleados municipales preguntar sobre el estatus migratorio o participar en la aplicación de asuntos de inmigración civil.
Desde que asumió la presidencia el lunes, el presidente Trump ha comenzado una ofensiva amplia contra la inmigración, asignando al ejército tareas de control fronterizo, cerrando las admisiones de asilo y refugiados, y tratando de terminar con la ciudadanía por nacimiento.
Más de 20 estados —incluido Minnesota— han demandado a la administración Trump para detener una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento. Este jueves, un juez federal bloqueó temporalmente la orden, calificándola como “claramente inconstitucional.”
