París, Francia.— Los diputados de izquierda y de ultraderecha tumbaron ayer al gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, entre llamados a la dimisión del presidente Emmanuel Macron en plena crisis política en la segunda economía de la Unión Europea (UE).
Por 331 votos a favor, por encima de la mayoría absoluta de 288, la Asamblea Nacional puso fin a los menos de 100 días de gobierno de Barnier, rechazando a la vez sus presupuestos para 2025.
La censura no afecta directamente al presidente centroderechista de 46 años, cuyo mandato termina en 2027, pero lo debilita mucho más, máxime cuando decidió en septiembre nombrar a Barnier como primer ministro en nombre de la “estabilidad”.
Macron se dirigirá al país en una intervención televisada este jueves. El presidente siguió a distancia la mayor parte de esta crisis política, porque esta misma tarde se encontraba en una visita de Estado de tres días a Arabia Saudita. Pese a eso, fuentes del Elíseo detallaron a la prensa francesa que el jefe de Estado trabajaba desde la semana pasada para buscar a un candidato a suceder al dirigente conservador, antiguo negociador del Brexit, en el palacio de Matignon.
Entre los nombres que se bajaran, el que suena con más fuerza es el del actual ministro de Defensa, Sébastian Lecornu; el veterano centrista François Bayrou, y de nuevo el socialista Bernard Cazeneuve, aunque con menos fuerza que cuando fue descartado para el cargo por Macron en septiembre pasado.
“Para salir del callejón sin salida en el que el presidente ha metido al país, sólo queda una solución: ahora le pedimos a Emmanuel Macron que se vaya”, declaró la diputada Mathilde Panot, del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI). Sin pedir directamente su dimisión, la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, llamó a Macron, con quien disputó la presidencia en 2017 y 2022, a reflexionar si puede continuar en el cargo.
“Corresponde a su conciencia decidir si puede sacrificar la acción pública y el destino de Francia a su orgullo. Corresponde a su razón decidir si puede ignorar la evidencia de un repudio popular masivo”, subrayó durante el debate. El mandatario calificó el martes de “política ficción” la idea de dimitir antes del final de su segundo mandato.
Le Pen aparece en posición de fuerza en los sondeos para alcanzar la presidencia, pero la justicia podría frustrar su ambición si el 31 de marzo decide inhabilitarla durante cinco años, como pide la fiscalía por un caso de malversación de fondos europeos.
El éxito de la moción de censura convirtió al gobierno de Barnier en el más breve de la Quinta República, iniciada en 1958, y en el segundo en caer, tras el de Georges Pompidou en 1962 cuando Charles de Gaulle era presidente.
Sin poder convocar nuevos comicios legislativos hasta julio ni optar por su reelección en 2027, el presidente parece dispuesto a nombrar a un nuevo primer ministro “rápidamente”, incluso antes de las ceremonias de reapertura de Notre Dame previstas el fin de semana, según sus interlocutores.
Pero “todavía no hay nada decidido”, apuntó el entorno de Macron, a quien le tomó dos meses nombrar a Barnier, cuyo partido conservador Los Republicanos (LR) abandonó la oposición para gobernar junto a su alianza centrista en el poder desde 2017. En una Asamblea Nacional sin mayoría clara y dividida desde julio en tres bloques irreconciliables, izquierda, centro derecha y extrema derecha, el juego parece ahora más abierto.
Socialistas y ecologistas, miembros del Nuevo Frente Popular (NFP), abrieron la puerta a acuerdos con la alianza de Macron, pero el expremier centroderechista Gabriel Attal llamó a los primeros a “liberarse” primero de sus aliados de LFI. Le Pen aseguró que dejará “trabajar” al próximo jefe de gobierno, a quien urgió a “construir junto” a su partido ultraderechista y la Asamblea “un presupuesto aceptable por todos”. La negativa de Barnier a renunciar al retraso de enero a julio de la revalorización de las pensiones en su proyecto de presupuesto para 2025 motivó que la extrema derecha abogara finalmente por censurarlo, pese a lograr varias concesiones.
Con un presupuesto centrado en reducir el gasto público y aumentar temporalmente impuestos para grandes empresas, el gobierno buscaba reducir el déficit (proyectado en 6.1% del PIB en 2024) y la deuda pública (112% del PIB a fines de junio).
El clima social también es tenso. El jueves está prevista una huelga de funcionarios públicos, mientras continúa la movilización de los agricultores, especialmente contra el acuerdo comercial que negocian la UE y el Mercosur. Agencias
