El gobierno de Joe Biden recibió lo que expertos en política migratoria interpretan como un regalo de navidad anticipado tras la decisión de un juez federal de Amarillo, Texas, de mantener vigente el Programa permanecer en México (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’. “Absolutamente se trata de un regalo de Navidad inesperado”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “El mismo Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había reconocido que no tiene capacidad de respuesta para atender el flujo migratorio que habrá después del 21 de diciembre”, agregó.
Según la nota de Univisión.com, en la fecha mencionada por Gálvez el gobierno eliminará el Titulo 42, una regla de seguridad sanitaria activada en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, pero que ha sido utilizada por los últimos dos gobiernos para expulsar aceleradamente a extranjeros en la frontera con México, incluso a solicitantes de asilo.
El 15 de noviembre un juez federal del Distrito de Columbia (DC), en respuesta a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quitar la controvertida política y permitir el desarrollo del debido proceso migratorio en la frontera. El jueves el juez federal Matthew Kacsmaryk, en una decisión de 35 páginas, suspendió la cancelación del MPP hasta que sean resueltos los litigios de Texas y Missouri, ambos estados gobernados por republicanos quienes exigen mantener vigente el programa debido a los daños que causaría a sus residentes y presupuestos si es eliminado.
Sin embargo, el dictamen no ordena que sea restablecido, decisión que deja una estela de duda respecto al futuro de la política y la respuesta por parte del gobierno ante la crisis que se vive en la frontera y el escenario que se avizora después del 21 de diciembre, cuando finalice el Título 42. Pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, da una lectura distinta al fallo emitido por Kacsmaryk. “La corte de Texas obliga a Biden a seguir aplicando la política de Permanecer en México (MPP)”, dijo el funcionario en su cuenta de la red social Twitter. “Es una política de sentido común para evitar que las personas ingresen ilegalmente a nuestro país. Texas vuelve a ganar, por ahora”, agregó.
Texas, al igual que el estado de Missouri y otra veintena gobernados por republicanos, se oponen en bloque a la política migratoria de Miden a quien acusan de haber abierto las fronteras a la entrada de extranjeros, muchos de ellos con antecedentes criminales. En sus demandas a las políticas migratorias emitidas en los últimos dos años alegan daos a las poblaciones locales, amenazas a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos y exigen la reinstalación de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
A finales de octubre Univision Noticias reportó que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos aseguraron que los casos de asilo registrados bajo el MPP “seguirán siendo procesados en los tribunales de inmigración estadounidenses tal y como lo indica el debido proceso migratorio”. El pasado 25 de octubre México dio por conocida su participación en el MPP y dijo que ya no aceptaría a ningún extranjero deportado por Estados Unidos a esperar en su territorio la resolución de su caso de asilo en la Corte de Inmigración (EOIR) estadounidense.
México, además, aseguró en esa ocasión que “seguirá garantizando su adecuada estancia y protección” de los extranjeros enviados por Estados Unidos en esta etapa de terminación del programa ‘Quédate en México’”. A su vez, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, había anticipado en en agosto, pocas semanas después de la decisión tomada por la Corte Suprema de permitir el término del programa, que ese departamento “se compromete a poner fin a la implementación ordenada por un tribunal de distrito de una manera rápida y ordenada”. E indicó que tanto las personas que ya no están siendo inscritas en el MPP, así como las personas que actualmente son parte del programa, serán desafiliadas cuando regresen para su próxima cita programada en la Corte (tribunales de inmigración asignados a cada caso)”.
La duda ahora es qué harán ambos gobiernos con la decisión del juez Kacsmaryk, teniendo en cuenta que para activar nuevamente el programa Estados Unidos debe tener la anuencia del gobierno mexicano. El martes el secretario del DHS confirmó que se eliminará el Título 42 a partir de las cero horas del 21 de diciembre, pero advirtió que el gobierno seguirá “deportando aceleradamente” a extranjeros indocumentados que lleguen a la frontera sin documentos o “carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos”.
Pero al ser eliminado el Título 42, “el DHS procesará a las personas que se encuentren en la frontera sin los documentos de viaje adecuados utilizando sus antiguas autoridades del Título 8, que prevén consecuencias significativas, incluida la prohibición de reingreso a las personas a las que se les expulsa durante cinco años”, advirtió. Las deportaciones bajo el Título 8 mencionadas por Mayorkas constituyen la base del derecho de inmigración Estados Unidos, explica un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York. Y señala que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica estados unidos para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.
