Washington.— El gobierno de Estados Unidos pidió ayer a la Corte Suprema que permita el final del Título 42, la norma sanitaria que permite expulsiones exprés de migrantes en la frontera bajo el pretexto de la pandemia.
El gobierno pidió específicamente que si la Corte Suprema actúa antes del viernes, deje la suspensión temporal en vigor sólo hasta el final del día 27 de diciembre. Y si deniega la solicitud el viernes o después, quiere que la Corte mantenga las restricciones hasta el segundo día hábil después de que el máximo tribunal emita una orden. Cualquiera de los dos plazos, en caso de que se conceda, significaría que el Título 42 estaría en vigor al menos hasta después de Navidad.
La Corte Suprema paralizó el lunes el levantamiento del Título 42, que estaba previsto para el 21 diciembre, en respuesta a una petición de un grupo de 19 fiscales generales de estados, en su mayoría gobernados por los republicanos, que alegaban que su suspensión provocaría “un daño masivo e irreparable” en materia migratoria.
El presidente de la máxima instancia judicial de Estados Unidos, el juez conservador John Roberts, dio a las partes implicadas hasta este martes para responder. Cuando reciba la respuesta, la Corte deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en pie mientras las cortes en menor instancia resuelven el caso.
En la respuesta del gobierno, la procuradora general Elizabeth Prelogar escribió que los fiscales de los estados que han llevado el caso a la Corte “no pretenden reivindicar ningún interés en la salud pública o frenar la propagación del Covid-19”.
En su lugar, continúa Prelogar, “reconocen con franqueza que desean usar las órdenes del Título 42 como una medida improvisada de control de inmigración”. La procuradora general incidió en que el gobierno admite que poner fin al Título 42 “probablemente resultará en inseguridad y un aumento temporal de los cruces ilegales”.
“Pero la solución al problema de la inmigración no puede ser extender de forma indefinida una medida sanitaria de forma indefinida que ahora todo el mundo reconoce que ha sobrepasado su justificación de salud pública”, advirtió.
En definitiva, el Ejecutivo consideró que no puede mantener en vigor la normativa, que se basaba en un dictamen de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) que ya no está en vigor, y defendió, por tanto, retomar “el sistema migratorio prescrito por el Congreso”.
Prelogar precisó que la intención del gobierno es continuar aplicando un régimen de expulsiones bajo el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Ejecutivo para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles. El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del presidente republicano Donald Trump (2017-2021), y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de migrantes, la mayoría desde la frontera con México.
A mediados de noviembre, un tribunal federal del Distrito de Columbia ordenó la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Joe Biden. Mientras, la frontera sur de Estados Unidos vivía una jornada de suspenso el martes en torno al futuro de las restricciones.
El Pentágono afirmó que está “preparado” para responder ante una hipotética petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de asegurar la situación en la frontera entre EU y México por el creciente flujo de migrantes.
“El Departamento de Defensa continuará listo. No hemos recibido ninguna petición del DHS en este momento de proporcionar ningún tipo de apoyo en concreto”, dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. “A todos nos interesa asegurar la situación [en la frontera], que permanezca segura para todos los implicados”, dijo Ryder.
