El cadáver del “Pol Pot de los Andes”, Abimael Guzmán, seguía en la morgue desde su muerte el sábado en prisión mientras el gobierno izquierdista peruano prepara una nueva ley para poder incinerarlo y una fiscal evalúa si lo entrega a la encarcelada viuda para sepultarlo.
El anuncio se produce cuando la incertidumbre sobre el destino del cuerpo del jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso amenaza con convertirse en una crisis política atizada por la mayoría derechista del Congreso.
“Desde el Poder Ejecutivo, se está promoviendo un proyecto de ley, que dará a conocer el presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán”, dijo el ministro del Interior, Juan Carrasco, al canal de televisión Sol TV.
El proyecto podría ser enviado al Congreso luego de ser aprobado este miércoles durante la reunión semanal del Consejo de Ministros, en vísperas del viaje a México y Estados Unidos del mandatario.
El Poder Ejecutivo puede solicitar al Congreso que dé tramite urgente al proyecto para que se apruebe esta semana y pedir la suspensión del procedimiento de entrega de los restos hasta que se defina un nuevo marco legal para casos de este tipo, dijo el exprocurador público César Azabache en su cuenta Twitter.
– Vacío legal –
La intervención del gobierno se produce ante vacíos legales para este tipo de casos y en medio de una controversia sobre el destino del cuerpo por temor a que derive en lugar de culto para sus fanáticos seguidores, según las autoridades.
“El tema depende de la emisión de una norma, porque no tenemos legislación al respecto”, remató.
La fiscal general, Zoraida Ávalos, presentó por su lado un proyecto de ley al Congreso a favor de la cremación.
“La norma faculta a los operadores de justicia a ordenar la cremación de cuerpos de personas, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”, indica la iniciativa.
La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) solicitó también al gobierno “emitir un decreto supremo que regule la entrega de restos humanos de individuos que, por actos cometidos en vida, supongan una amenaza a la seguridad nacional”.
El cadáver está en una morgue del puerto del Callao bajo poder de la fiscalía, que espera el resultado de exámenes ADN entre jueves y viernes para tomar una decisión sobre el pedido de la viuda Elena Yparraguirre, presa a perpetuidad y número dos de la organización maoísta.
Según la legislación local, la fiscalía decide el destino del cadáver de un preso que no es reclamado por parientes a través de una carta firmada por notario en plazo de 36 horas desde el deceso. La viuda incumplió esta formalidad y entregó una carta simple a favor de una tercera persona.
Guzmán, de 86 años, falleció de “neumonía bilateral” el sábado en una prisión naval de máxima seguridad donde cumplía cadena perpetua desde 1992 y pasó sus últimos 29 años condenado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, con 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
– Ver para creer –
Desde su muerte, surgieron reclamos de congresistas de la derecha para ver su cadáver ante suspicacias de algunos que consideran que el presidente e integrantes de su gobierno simpatizan con Sendero Luminoso, algo que el mandatario niega de plano.
Guzmán acabó sus días como el preso más famoso de Perú, sin concretar su aventura de reproducir en el país a sangre y fuego el modelo de su ícono Mao.
Abrazó el maoísmo y los métodos del líder camboyano Pol Pot, y se formó una imagen de revolucionario duro e implacable dispuesto a ordenar masacrar a los habitantes de un poblado de los Andes peruanos en castigo por no respaldarlo.
La “guerra” que impulsó tendría el costo social de un millón de muertos, aseguró en la única entrevista que otorgó en 1988.
Entre las acciones más sanguinarias de Sendero está el asesinato en 1984 de 117 campesinos que rehusaron apoyarlos en Soras, Ayacucho. En 1983, hicieron igual con 69 campesinos en la vecina Lucanamarca. En Lima, en 1992, un coche bomba mató a 25 personas e hirió a 150 en el barrio turístico de Miraflores
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