La nueva ley migratoria de Florida SB 1718, promulgada el 10 de mayo por el gobernador republicano Ron DeSantis, incluye una larga lista de castigos, tanto a extranjeros indocumentados que ingresan al estado como a ciudadanos y residentes familiares que viven en él y los transporten (desde otros estados) a sabiendas de que se trata de personas que no tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. Según la nota de Univisión.com, las severas regulaciones no sólo han provocado miedo en los condados sino que, desde la firma del polémico proyecto, convirtieron a Florida en el estado con la ley migratoria más dura del país.
La nueva legislación entra en vigor el 1 de julio, con excepción de las auditorías a las empresas por la utilización del programa federal E-Verify, que comenzarán a mediados del 2024. Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes elaboran desde abril campañas de aprendizaje y consejos para los inmigrantes y sus familias, “tengan o no estatus legal de permanencia en Estados Unidos”, advirtió Anne Janet Hernández Anderson, abogada principal del Southern Poverty Law Center (SPLC). “Los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes también se verán afectados”, alertó.
En la sección relacionada con sanciones al tráfico y/o contrabando humano, la ley establece sanciones penales para “la persona que, a sabiendas y deliberadamente, transporte a este estado a una persona que sabe, o debería saber razonablemente, que ha entrado a Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionada por el gobierno federal desde su ingreso o entrada ilegal”.
“Esta ley asusta enormemente”, dice Hernández Anderson. “Porque había una primera versión que existió en marzo y que confundió a las personas. Ese texto sancionaba el transporte de indocumentados dentro del estado. Pero la versión final aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada por el gobernador DeSantis es distinta: castiga el transporte de indocumentados hacia el estado”, explicó. En este punto, la abogada marca una diferencia: “La nueva legislación tiene que ver, o con la persona que viaja como pasajero, o quien maneja o conduce un vehículo donde viaja un pasajero indocumentado. Hay que conocer ambos escenarios. Si bien la ley se dirige puntualmente al que transporta, el indocumentado también puede verde directamente afectado”, precisó.
La policía, sobre todo en jurisdicciones donde existen acuerdos bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración vigentes, puede entregar al extranjero sin papeles a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que le inicien un proceso de deportación de Estados Unidos. La ley SB 1718 tipifica como “delito grave de tercer grado por una primera infracción (de transportar al estado a sabiendas a una persona indocumentada) y una infracción separada para cada individuo que la persona transporte a Florida”, se lee en la legislación.
También indica que se convertirá en un delito grave de segundo grado “para la persona que comete cinco o más delitos separados” o en delito grave de segundo grado “para una persona con una condena anterior en virtud de esta sección que comete una infracción posterior (es decir, una reincidencia)”. La ley agrega el tráfico o contrabando de personas a la lista de “delitos” que pueden considerarse como ‘actividades de extorsión’, que en Florida se considera como un “delito grave de primer grado punible con hasta 30 años de prisión y una multa de $10,000”.
“Una acusación por contrabando humano significa que enfrentará un caso criminal”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Cuando la ley entre en vigor el 1 de julio, si usted comete una de las faltas señaladas en la SB 1718, como transportar a sabiendas a un indocumentado al estado, usted puede enfrentar cargos criminales. Y, si lo detienen, tendrá que buscar la representación de un abogado criminalista para defenderse de esos cargos criminales en su contra. Será una situación compleja”, advirtió.
En casos como el descrito arriba, la nueva ley establece que “cuando una persona sea arrestada por una violación de esta sección (contrabando humano), sea mantenida bajo custodia hasta que sea llevada ante el tribunal para su admisión a libertad previa al juicio”. La Asociación Americana de abogados de Inmigración (AILA) aclara que la SB 1718 “no tipifica como delito vivir, albergar o alquilar un espacio a familiares, amigos u otras personas indocumentadas, así como ocultar, albergar o protegerse de la detección de indocumentados, o el transporte de indocumentados dentro del estado de Florida”.
Mientras no se conozca el reglamento que normará la aplicación de cada una de las secciones de la ley SB 1718, habrá decenas de preguntas que por ahora no tienen respuesta. Sobre todo si se trata de una ley estatal que se cruza con la jurisdicción de la ley federal de inmigración, advirtieron los abogados consultados por Univision Noticias. “Por ejemplo, qué pasará con alguien que entró a Estados Unidos en violación a la ley de inmigración y no fue inspeccionado por el gobierno (por un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo -CBP-), pero luego pudo ajustar su estatus migratorio por una vía legal disponible y ahora es residente legal permanente o ciudadano naturalizado”, señaló Hernández. Anderson.
“La manera en cómo está escrita la SB 1718 no es congruente con la forma en cómo fue escrita la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Y la ley estatal no tiene definición de inspección”, abundó. “Se producirán muchas situaciones extrañas (durante la vigencia de la nueva ley migratoria de Florida). Por ejemplo, si una persona es residente ahora y quizás originalmente entró ilegalmente a Estados Unidos, entonces no se sabe cómo aplicarán esta parte de la ley después del 1 de julio”.
A la pregunta respecto a si puede el estado cuestionar esta parte de la ley federal (si alguien entró ilegalmente al país y luego legalizó su estadía por una vía legal disponible), Hernández Anderson respondió: “El estado de Florida no. Es muy clara la Constitución, las leyes de inmigración son federales. Hay siglos de jurisprudencia sobre esto. Sólo el gobierno federal puede determinar una admisión (entrada legal a Estados Unidos)”.
