El ministerio iraní de Relaciones Exteriores criticó la resolución aprobada el jueves por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar los atropellos a los derechos humanos cometidos en la represión de las manifestaciones en Irán.
El texto, presentado por Alemania e Islandia, fue aprobado por 25 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones en una reunión urgente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El ministerio subrayó en un comunicado publicado el jueves por la noche que la República Islámica se había opuesto a esta reunión de urgencia de la ONU. Además, “rechaza por completo” la resolución aprobada.
El ministerio asegura que su país ya “formó una comisión nacional de investigación formada por expertos jurídicos, con la participación de representantes independientes”.
Por eso, “la creación de un nuevo mecanismo para analizar los incidentes de los últimos dos meses en Irán es inútil y representa una violación a la soberanía nacional del país”, añadió.
Son acusaciones falsas, dice
El ministerio acusa a las autoridades alemanas de proferir “acusaciones falsas y provocadoras sobre la violación de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los niños en Irán”.
“Es un error estratégico de Alemania y de algunos países occidentales y el tiempo demostrará que esta ceguera será perjudicial para sus intereses”, añade el comunicado.
La diplomacia iraní alega que la resolución se adoptó “bajo la presión de ciertos grupos de presión políticos y se basa en información falsa propagada por medios de comunicación antiiraníes”.
Reunidos de urgencia por iniciativa de Alemania e Islandia, los 47 países miembros de la más alta instancia de la ONU en materia de derechos humanos decidieron en una votación nombrar un equipo de investigadores de alto nivel para esclarecer todas las violaciones de los derechos humanos vinculadas con la represión de las manifestaciones en Irán.
La represión de las manifestaciones ha dejado al menos 416 muertos, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
La ola de protestas se originó hace dos meses tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por no respetar el uso del velo islámico en público.
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