Un juez federal decidió ayer mantener la vigencia de la medida sanitaria que EU impuso al inicio de la pandemia, que permite la deportación exprés de los migrantes que buscan asilo en sus fronteras.
La administración de Joe Biden “no está de acuerdo con el fallo del tribunal, y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará esta decisión”, según un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Indicó que “la autoridad para establecer la política de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades, no en un solo tribunal de distrito”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que seguirá su planificación para un posible aumento de inmigrantes en la frontera.
El Título 42, como se denomina la medida sanitaria que tiene sus orígenes en una ley del siglo XIX y que raramente fue utilizada, concede a las autoridades estadounidenses la potestad de expulsar de forma inmediata y sin proceso legal a los migrantes sin visa que se presenten en su frontera terrestre, incluso aquellos que soliciten asilo.
La administración del demócrata Joe Biden anunció en abril que la medida expiraría el 23 de mayo, pero a pedido de 24 estados controlados por el Partido Republicano, el juez federal de Louisiana, Robert Summerhays, emitió una orden judicial temporal para bloquear esta acción, dejando la medida en pie. “De acuerdo con el tribunal, los estados demandantes han completado los requerimientos para una orden judicial temporal”, dice el fallo.
Estos estados argumentaron que el gobierno federal no consideró debidamente los efectos que tendría el levantamiento de las restricciones sobre la salud pública y la aplicación de la ley. Drew Ensign, abogado del estado de Arizona, alegó en una audiencia que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no siguieron los procedimientos administrativos que exigen dar aviso público y abrir un periodo para recabar los comentarios del público. Jean Lin, abogada del Departamento de Justicia, declaró al juez que los CDC estaban autorizados a levantar una restricción sanitaria de emergencia que consideraban ya no era necesaria. Señaló que la orden era una cuestión de política de salud, no de inmigración.
Summerhays, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, ya había emitido un fallo a favor de los estados al detener los preparativos para reducir el uso del Título 42. El mes pasado dijo que una eliminación gradual sometería a los estados a “costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención, educación y otros servicios”.
El Título 42 es la segunda política importante de la era Trump para disuadir el asilo en la frontera sur de Estados Unidos que es desechada por el presidente Joe Biden y revivida por un juez designado por Trump. La Corte Suprema de EU escuchó el mes pasado argumentos sobre si permitir que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en las cortes de inmigración de EU. Este caso, que impugna el programa conocido como Quédate en México, se originó en Amarillo, Texas. Se restableció en diciembre por orden de un juez y sigue en vigor mientras se desarrolla el litigio.
“Decisión derivará en más sufrimiento”
Para activistas y expertos, la implementación del Título 42 vulnera el derecho internacional al no acoger a quienes buscan asilo o huyen de condiciones violentas. “La desafortunada decisión (…) dice que el gobierno puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restaurar las leyes de migración normales sin atravesar un largo y complicado proceso”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor político principal del Concejo Estadounidense para Migración. “Esta decisión sin sentido derivará en más sufrimiento para quienes buscan asilo y generará más caos en la frontera”, agregó.
Desde que la administración de Trump invocó la medida en marzo de 2020, el Título 42 ha sido utilizado más de 1.8 millón de veces para expulsar personas en la frontera. Sin embargo, al no generar un proceso ni consecuencias legales, las personas que son expulsadas del territorio estadounidense pueden intentar cruzar una infinita cantidad de veces, muchos arriesgándose en peligrosas rutas a través del desierto, de las corrientes o saltando el muro fronterizo que en algunos tramos alcanza 9.1 metros de altura. Según datos de las autoridades fronterizas, el año pasado fue el más letal tras registrarse 557 muertes en la frontera. “Lo más difícil es saber que más migrantes estarán sin protección y serán puestos en situaciones de alto peligro”, dijo Pedro Ríos, de la ONG Comité de Servicio de los Amigos de Estados Unidos.
