La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el martes por la tarde que las autoridades de Texas podían aplicar la nueva ley migratoria del estado que permite detener, encarcelar y deportar a migrantes indocumentados. Pero dejó la revisión de su legalidad en manos de un tribunal federal inferior, confirma la BBC en su portal de noticias internacional.
Y en la noche del mismo martes, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. informó que, tras una votación de 2-1, anuló un fallo de otro tribunal que permitía su aplicación, a la espera de los alegatos del gobierno de Texas. Se espera que este miércoles se produzcan los argumentos orales.
La SB4 autoriza a la policía local y estatal arrestar y procesar a quienes sean sospechosos de cruzar irregularmente la frontera desde México. El gobierno del presidente Joe Biden argumenta que la ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales, al interferir con la potestad del gobierno de Washington para regular la migración.
Y es que la aplicación de las leyes de inmigración (incluidos los arrestos) están generalmente a cargo del gobierno federal. La SB4 pretende otorgarles ese poder a los funcionarios de Texas, permitiéndoles procesar a los migrantes y ordenar su regreso a México. Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de EE.UU., y antes de la resolución del tribunal federal de apelación, el gobierno de México dijo que reprobaba su entrada en vigor.
“México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, señaló la Cancillería mexicana en un comunicado. “El tribunal da una luz verde que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos”, escribió Sotomayor. La ley podría “perturbar las delicadas relaciones exteriores, frustrar la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizar los esfuerzos federales de aplicación de la ley y evitar que los migrantes denuncien abusos o trata”, añadió.
La SB4 otorga a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera irregularmente, excepto en escuelas, hospitales y lugares de culto.
