La noticia sobre la muerte de más de 50 personas dentro del remolque de un camión encontrado en San Antonio, Texas, ha generado una gran conmoción en el mundo entero, y es que se trata del caso más mortífero de tráfico humano en la historia reciente de Estados Unidos.
Hasta el momento, sabemos que entre las víctimas 27 fueron identificadas como mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños, de acuerdo con información del Gobierno de México.
Es cierto que de inmediato se abrió la investigación en Estados Unidos y la Casa Blanca, la policía y las autoridades locales no tardaron en condenar el tráfico de personas. No obstante, cuando los gobernadores empiezan a echar la culpa al otro partido, ¿qué cambios puede esperar el público?
Este tipo de tragedias que se repiten una y otra vez se convierten en crímenes de un sistema enfermo. Por mencionar algunos casos que también ocurrieron en San Antonio, en 2017, 10 migrantes murieron por insolación, asfixia y deshidratación en un camión; en 2003, los restos de 19 migrantes fueron hallados en un camión en el sureste de la ciudad.
No hay duda de que se hicieron investigaciones sobre los casos anteriores también; lo que no es seguro es si van a poder evitar que vuelvan a suceder, una y otra vez.
¿Por qué sigue sin resolverse el problema de la inmigración ilegal de Estados Unidos? Una de las razones principales es el partidismo: la pelea entre los demócratas y los republicanos por los votos.
Al tiempo que se acercan las elecciones de mitad de mandato, el tema de la inmigración ha vuelto a ser moneda de cambio para ambos partidos.
Como bien destacó el periódico digital Político en junio de 2021: “Con Donald Trump y una decena de republicanos de la Cámara de Representantes uniéndose a (Greg) Abbott en la frontera, el Partido Republicano está señalando en voz alta su convicción de que la inmigración será un arma política potente antes de las elecciones de mitad de período y las primarias presidenciales en 2024”.
Según la misma fuente de Político, Dave Carney, el estratega republicano que asesora al gobernador de Texas, Greg Abbott, describió la gestión de la frontera por parte de la administración Biden como un “regalo” político, mientras que Shawn Steel, miembro del Comité Nacional Republicano de California, predijo que la inmigración y la delincuencia serán los “motores gemelos” de las campañas republicanas de mitad de mandato.
Por otro lado, Joe Biden comenzó su mandato con la promesa de revisar la ley de inmigración, pero hasta ahora se ha visto obstaculizado y ha tenido poco éxito. Se han producido tres incidentes relacionados en este sentido.
Uno de ellos ocurrió el 20 de mayo, cuando el juez federal Robert Summerhays anuló el intento del Gobierno de Biden de eliminar el Título 42 firmado por el expresidente Donald Trump.
En otro caso, el intento de Biden de acabar con el programa “Permanecer en México”, instaurado por Donald Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar su turno en territorio mexicano, fue suspendido.
Además, el nombramiento de Biden para el puesto de director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) aún no ha sido confirmado por el Congreso, teniendo en cuenta que el puesto clave lleva cinco años vacante.
Mientras se pelean los políticos, desde 2018, los grupos de migrantes no han dejado de formarse y viajar hacia Estados Unidos desde toda América Latina.
A principios de junio del presente año, miles de migrantes de países latinoamericanos partieron del sur de México hacia la frontera norte, formando “la mayor caravana de migrantes del año”, según titulares de algunos medios de comunicación.
Con el telón de fondo de años de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de América Latina, el problema de la inmigración ilegal es en gran medida el resultado de la hegemonía.
Desde 1823, cuando Estados Unidos propuso la Doctrina Mon- roe, que pretendía controlar a América Latina, los países de la región han sufrido intervención militar, manipulación política, sanciones y exportación de la inflación.
Algunos analistas consideran que la pobreza extrema y la delincuencia violenta se están convirtiendo en los principales factores de salida de migrantes.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha reiterado sin rodeos que si el Gobierno de Estados Unidos no quería que continuara la afluencia de migrantes, debería ayudar a los países centroamericanos a desarrollar su economía, algo que ha discutido con el presidente estadounidense, Joe Biden, pero éste ha sido lento en actuar.
El pasado mes de mayo, López Obrador hizo un llamado a Estados Unidos para aportar los recursos económicos a los que, según el presidente mexicano, se comprometieron hace cuatro años.
“Llevamos cuatro años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4.000 millones de dólares y hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada”, dijo López Obrador.
Poco después, en junio, cuando se celebró la Cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden prometió intensificar los esfuerzos para ayudar a los países latinoamericanos en materia de inmigración y desarrollo económico, lo cual hasta ahora se han quedado en palabras, sin acciones.
El trágico incidente del camión en Texas debe ser una llamada de atención. Si los políticos estadounidenses “se preocupan” realmente por los pueblos de América Latina, deberían abandonar cuanto antes la Doctrina Monroe y las prácticas hegemónicas y tomar medidas prácticas para proteger los derechos humanos de los refugiados y los migrantes, a fin de evitar más tragedias humanitarias.
